En noviembre del año pasado la Congregación para la Doctrina de la Fe, con expresa aprobación del Papa, publicó una Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas a la intervención de los católicos en la vida política. Como es natural, el texto de la Santa Sede se centra en la clarificación de algunas cuestiones de orden general, que, aun siendo de carácter doctrinal, tienen en nuestra situación evidentes e interesantes  aplicaciones posibles.. Pasadas ya las elecciones es buen momento para invitaros a repasar estas ideas. Graves acusaciones aparecidas recientemente en alguna prensa recomiendan también estas explicaciones. .

 1ª, La fe cristiana extiende su influencia a todas las áreas de la vida, también a las actividades políticas. Estas, en la medida en que son acciones humanas,  tienen que estar reguladas y justificadas por unos criterios morales. Cuanto se pueda hacer en política,  tiene una dimensión moral, arraigada en la naturaleza misma de las cosas y regida por la ley suprema del respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. La vida política de un país no puede fundarse únicamente en el consenso de los diferentes grupos, sin ninguna referencia moral superior y objetiva. Un pueblo sin convicciones morales absolutas es un barco a la deriva.

 2ª, Cualquier actividad política, concebida desde una visión cristiana de la vida, ha de entenderse y realizarse como un servicio efectivo a la comunidad, con el fin de proteger y favorecer el bien común de todos los ciudadanos. La búsqueda sincera del bien común es la indispensable justificación de cualquier institución o iniciativa política.  Este bien común  consiste en la promoción  y garantía de  las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida y disfrutar de los bienes comunes en las mejores condiciones posibles. En cualquier situación, las instituciones políticas deben garantizar a todos los ciudadanos, en cualquier situación, el derecho a la vida y a la educación, a la sanidad, al trabajo y a la vivienda; la libertad de expresión, la capacidad de iniciativa y responsabilidad en el proyecto y realización de su propia vida.  La invocada autonomía de lo temporal no significa que la vida política pueda quedar exenta de la conciencia moral de sus autores. Significa que no puede ser intervenida por la autoridad religiosa, aunque sí tenga que ser regulada por la conciencia moral de cada uno teniendo en cuenta el bien común.

 3 ª,  La fidelidad a las exigencias de la moral social cristiana, suscita unas características y obligaciones comunes en la acción política de los católicos, independientemente de las preferencias políticas que tengan o de los partidos en que militen. En el momento presente, las principales exigencias éticas para el voto y la actividad política de los católicos son: la defensa de la vida humana desde el momento de su concepción hasta la muerte natural; la defensa y protección de la familia en todas sus implicaciones económicas, sociales, culturales y morales, sin equipararla a otras formas de vida posibles; la defensa de los menores y de los más débiles o necesitados, como pueden ser los inmigrantes, los sin trabajo, las mujeres amenazadas, los enfermos crónicos y terminales; la defensa de la libertad, de la convivencia y de la paz contra todas las agresiones, discriminaciones y amenazas; la protección de la libertad religiosa; la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos, las religiones y las diferentes culturas;  el respeto y la defensa de las enseñanzas morales de la ley natural y de la fe cristiana en la inspiración de las relaciones y actividades sociales en los diferentes órdenes de la vida. Los católicos tenemos derecho a promover una política que esté de acuerdo con nuestras convicciones antropológicas, sociales y morales, siempre por métodos democráticos y de acuerdo con las exigencias del bien común y de las libertades civiles.  Negarnos este derecho sería tanto como querer instaurar una política restrictiva y discriminatoria. Los políticos católicos, estén donde estén, tienen obligación de favorecer sincera y eficazmente estos objetivos. Dejar de hacerlo voluntariamente sería una grave omisión. Criticarlos por hacerlo sería intolerancia y discriminación.

 4ª, A partir de unas convicciones morales comunes, los católicos tienen verdadera libertad para actuar en política según su mejor saber y entender y bajo su estricta responsabilidad personal. En estos asuntos,  aun respetando las mismas normas morales, hay situaciones diversas y no pocos elementos opinables que dan lugar a opiniones distintas y a proyectos diferentes, todos legítimos, aunque no todos tengan el mismo valor. No conviene confundir la libertad y diferencia de opiniones y proyectos con el relativismo o indiferentismo moral. En el orden moral, como en el técnico y profesional, no todo es igual. Hay unas referencias objetivas y comunes, y las diversas iniciativas valen más o menos según respondan mejor o peor a los valores morales comúnmente reconocidos como garantía del bien personal y social. La idea de que la democracia necesita desarrollarse en un clima laicista y moralmente relativista no tiene un fundamento intelectualmente serio y esconde graves peligros prácticos. La política y los políticos tienen que sentirse guiados y regidos por unas referencias morales objetivas, superiores a ellos y respetadas por todos. Lo contrario abre el camino a la arbitrariedad y al autoritarismo civil, cultural  y moral.

 5 ª, Estos criterios no valen sólo para los dirigentes políticos, sino que iluminan también la intervención de los ciudadanos en la vida política y en la gestión de los asuntos comunes mediante el ejercicio del voto y su intervención en la opinión pública. Los votantes tienen que apoyar con su voto a quienes mejor garanticen los diferentes elementos del bien común, en sus dimensiones materiales, culturales, morales y religiosas, según su propia importancia y las urgencias de cada lugar y de cada momento. Al votar,  cada uno podemos defender nuestros derechos y buscar nuestros legítimos intereses, pero teniendo también en cuenta el bien de los demás y de todo el conjunto de la sociedad. El respeto a la verdad, la voluntad sincera de favorecer el bien general, la defensa decidida de la libertad, la justicia y la convivencia, en el marco del Estado de Derecho, valen más que las agrias polémicas, muchas veces más ficticias que reales, o las luchas y discusiones partidistas interminables. Cuando la política se enreda en discusiones partidistas,   dejando en segundo lugar las verdaderas necesidades de los ciudadanos, entramos en un proceso de deterioro que desprestigia las instituciones políticas y empobrece la vida de la comunidad social.

 6 ª, La Iglesia tiene la obligación y el derecho de instruir y animar a los cristianos para que ejerzan sus derechos y actúen en los diferentes momentos y niveles de la vida política en conformidad con las exigencias sociales y morales de la fe cristiana, sin perjuicio de la libertad y del legítimo pluralismo de los cristianos en materia política, en colaboración con los demás ciudadanos y sin instrumentar en ningún momento las instituciones o realidades eclesiales y cristianas a favor de sus ideas o intereses políticos. A la vista de estas consideraciones cada uno tiene que ver qué ideas, qué líderes y qué instituciones políticas se acercan más y atienden mejor, con más garantías y menos deficiencias, al bien común de todos los ciudadanos según la moral social de la Iglesia católica. Hay valores de orden moral, que afecta al bien de las personas, de las familias y de los diferentes sectores de la vida social, cultural y económica, en donde los católicos tenemos que hacernos escuchar sin miedos ni titubeos, como puede hacer cualquier otro grupo. Y todo ello, no para provecho propio sino para el bien integral y general de nuestra sociedad, actual y futura. Estos mismos valores tienen que aparecer en la gestión de todos los políticos cristianos independientemente de los cargos que ocupan y de las instituciones en las que militen. En definitiva, La fe y la moral cristianas tienen que ser operantes en todas las esferas de la vida, también en las opiniones y las actuaciones políticas.

17 de mayo de 2003

Arzpo. Pamplona, Obpo. Tudela