|
NACIONAL
El Vaticano encarga a Monseñor Sebastián dirigir la
asociación Lumen Dei
La Razón
«Ha sido una sorpresa para mí», ha asegurado monseñor
Fernando Sebastián. El arzobispo emérito de Pamplona
recibió el pasado sábado 24 de mayo la noticia de que el
Santo Padre le había nombrado comisario pontificio de la
Unión «Lumen Dei» «por tiempo indefinido y con las
facultades ordinarias de superior general». «Me han
nombrado comisario para encargarme de la vida de esta
institución a partir de ahora», declaraba el prelado
ayer a LA RAZÓN, «pero todavía no he tomado contacto con
ellos; el superior está fuera de España y todavía no se
ha podido concretar nada. En los próximos días podré
comentar mejor en qué consistirá esta labor», afirmaba.
El nombramiento de Sebastián llega en unos momentos en
que los rumores de crisis en la institución eran cada
vez más fuertes. Desde el fallecimiento de su fundador,
el padre Rodrigo Molina, ocurrido en 2002, se sucedían
los desencuentros y enfrentamientos internos en el
movimiento, presidido ahora por el padre Francisco
Javier Mahía.
Fuentes consultadas por este periódico hablan de
«desórdenes morales y escándolos económicos amparados en
ocasiones por algunos cargos principales de Lumen Dei».
Al parecer, estos desórdenes internos han sido
denunciados ante la Santa Sede, que no ha tardado en
reaccionar enviando a monseñor Sebastián para que
intervenga y ponga orden en esta institución que
despliega hoy la mayor parte de su actividad por España
e Hispanoamérica.
Fundada en los años 60 por el padre jesuita Rodrigo
Molina y la hermana Josefina Serrano, dos católicos de
profunda espiritualidad, la institución «Lumen Dei» es
una asociación pública de fieles que desarrolla una
fructífera labor de apostolado. Con más de 1.500
miembros, «Lumen Dei» es hoy una obra extendida por 60
diócesis y que cuenta con 36 colegios y 19 parroquias.
Consta de tres secciones, una de sacerdotes y hermanos,
otra de mujeres y una tercera de familias. Todos ellos
buscan «vivir y predicar el Evangelio y realizar obras
que sirvan para el desarrollo integral del hombre». Su
labor se extiende por universidades, colegios,
editoriales, emisoras de radio y TV, hospitales, centros
de rehabilitación y reinserción social, comedores, etc.
La llegada de monseñor Sebastián ha sido recibida entre
los miembros con «tranquilidad y sobre todo con
esperanza, para que Lumen Dei pueda seguir ejerciendo su
labor».
La crisis económica hace mella en el Rastrillo Misionero
de Calatayud
ABC
La crisis económica se empieza a notar también en las
ventas de los rastrillos solidarios. En Calatayud, su
tradicional Rastrillo Misionero, que se celebra desde
hace más de diez años, cerró este fin de semana su
edición de primavera y según una de sus responsables,
Pilar Beltrán, lo ha hecho con un descenso de ventas de
aproximadamente un 25 por ciento. «Y no es por el local,
que es muy bueno y bien situado, sino por la crisis»,
afirma. A falta del balance económico definitivo, lo que
es seguro es que las ventas han quedado muy lejos de los
18.000 euros que se obtuvieron en las ediciones
anteriores, informa R. Pérez.
El
PSOE advierte hoy a la Iglesia que mantendrá su defensa
de la laicidad
EL PAÍS
Sin
prisa, pero los planes del Gobierno de afrontar cambios
en la situación de las religiones en España, continúan.
Así se comprobará hoy cuando el PSOE justifique el
rechazo de sendas proposiciones no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del BNG, con el
argumento de que asunto de tanta relevancia no le puede
ser impuesto por las minorías. No hay marcha atrás
respecto al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno de
que se reformará la Ley de Libertad Religiosa de 1980.
IU-ICV preguntará por qué en las ceremonias de
acatamiento de cargos públicos están presentes símbolos
católicos, con la pretensión de que el Gobierno "haga un
signo de que defiende la aconfesionalidad del Estado",
reclama el coordinador de IU, Gaspar Llamazares. El BNG
directamente pedirá la revisión de los acuerdos
Estado-Santa Sede.
Ambas
iniciativas serán rechazadas pero desde la tribuna, el
portavoz socialista Ramón Jáuregui, secretario general
del grupo parlamentario, fijará la posición política del
PSOE y del Gobierno. Después, Jesús Quijano, portavoz
socialista en asuntos constitucionales, complementará
los argumentos. El PSOE pretende dejar claro ante la
cúpula de la Iglesia católica que el objetivo de
"afianzar la laicidad es irrenunciable".
Esta
fue la decisión que ayer tomó la Comisión Ejecutiva
Federal, en la que el responsable de Libertades, Álvaro
Cuesta, suscitó el debate un día después de que el
cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, denunciara "falta
de libertad religiosa". Para Cuesta, "la laicidad
integradora genera espacios de convivencia, y el
confesionalismo institucional, en cambio, es separador".
A su juicio, "el Estado no debe cumplir el papel de
represor al servicio de la Iglesia católica".
La
queja de Cañizares vino por una representación teatral
que se produjo en Toledo, basada en un auto sacramental
del siglo XV. El presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, reconoció en Radio Nacional de España,
que no había visto la obra pero descartó que fuera
"blasfema". Sí consideró, en cambio, que Cañizares hizo
"política" en su alocución litúrgica. Y esta conclusión
es la que tomó fuerza en la ejecutiva.
Cuesta señaló que "las posiciones más extremistas del PP
se han puesto bajo el manto protector de la Conferencia
Episcopal y el precio es que esos sectores del PP actúen
como martillo de herejes y espadas vengadoras". Tras la
reunión, José Blanco lamentó "que la división del PP se
extienda a la Conferencia Episcopal". A pesar de que
Cuesta en muchas ocasiones ha ido más lejos que su
partido en la defensa de la laicidad ayer tuvo el
respaldo expreso de Zapatero.
Jáuregui: "El crucifijo está de más"
EL
PAÍS
El
PSOE dejó ayer la puerta abierta en el Congreso a
revisar los acuerdos con la Iglesia católica y se
comprometió a retirar progresivamente los símbolos
religiosos de las tomas de posesión. Sin embargo, ayer
votó en contra de sendas iniciativas en ese mismo
sentido impulsadas por grupos minoritarios. Izquierda
Unida y el BNG decidieron poner a prueba la vocación
laicista del Gobierno y presentaron sendas proposiciones
no de ley para eliminar esos símbolos en los juramentos
de los altos cargos y para revisar los acuerdos con la
Iglesia católica.
Los
socialistas hicieron profesión de fe laica en todas sus
intervenciones, pero votaron con el PP, aunque desde una
posición distinta, y ambas iniciativas fueron
rechazadas.
Su
tesis, explicada primero por José Antonio Alonso,
portavoz del Grupo Socialista, es que "la supresión de
símbolos religiosos en actos institucionales debe
producirse como consecuencia de la práctica y la
evolución social y protocolaria, pero no mediante
prohibiciones legales que no tienen ningún sentido".
Luego, en la tribuna, Ramón Jáuregui explicó que "la
laicidad debe ir al ritmo de los cambios sociales", y
gráficamente aseguró que "en la toma de posesión de los
ministros el crucifijo está de más, pero no debe hacerse
una ley para prohibirlo".
Explicó que el real decreto que regula el protocolo de
esas tomas de posesión no habla expresamente de ningún
símbolo religioso y, por tanto, no es preciso cambiar
ninguna norma.
Eliminación progresiva
En el
caso de los miembros del Gobierno, el protocolo concreto
de sus tomas de posesión se establece en la Casa del
Rey, además de lo estipulado en el real decreto
correspondiente. Jáuregui argumentó la necesidad de
esperar la evolución social con el ejemplo de las
escuelas públicas y los juzgados donde no ha sido
necesaria una ley específica para ir eliminando
progresivamente los crucifijos.
Respecto a los acuerdos con la Iglesia católica, la
posición que mantuvo el PSOE ayer vino a ser la de no
negarse a nada. Ni a cambiar los acuerdos ni a
mantenerlos tal cual. "En absoluto estamos cerrados en
la cuestión de la revisión de los acuerdos, pero creemos
también que al respecto debe tenerse en cuenta la
dimensión exacta del tema", aseguró en la tribuna el
diputado socialista Jesús Quijano.
Su
tesis es que esos acuerdos deben verse como tratados
internacionales entre España y el Estado del Vaticano y,
por tanto, como competencia exclusiva del Gobierno,
responsable de dirigir la política exterior.
"Debemos respetar ese margen flexible para que el
Gobierno lo utilice con la prudencia conveniente, con la
determinación necesaria y en el momento oportuno",
añadió Quijano. El diputado además insinuó que, de
producirse esa revisión, podría tener su ámbito en la
discusión de la futura reforma de la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa que el Gobierno ha anunciado para
esta legislatura. "Deberá ser el contexto en el que el
asunto se pueda plantear de manera correcta. No
adelantaremos acontecimientos y respetemos ese margen en
sus debidas términos", concluyó.
A la
propuesta de eliminar los símbolos religiosos, el PNV
presentó una enmienda, finalmente rechazada, que
proponía ir mucho más allá y eliminar todas las tomas de
posesión de los miembros del Gobierno. Es decir, que no
se produzca el tradicional acto de jurar o prometer
sobre la Constitución en La Zarzuela. Según el diputado
Aitor Esteban, se trata de una ceremonia anacrónica, que
carece de sentido porque nadie les demanda luego haber
faltado a ese juramento o promesa.
El
portavoz del PP, Eugenio Nasarre, respondió a los
nacionalistas vascos preguntándoles si también incluían
en su enmienda la petición de supresión de la ceremonia
de toma de posesión del lehendakari ante el árbol de
Gernika.
En
defensa de la moción, el diputado de IU, Gaspar
Llamazares, aseguró que "se acepta por inercia el
sometimiento del Gobierno, no sólo a la Constitución,
como es obligado, sino a la Iglesia católica y se
mantiene así una vinculación entre Monarquía e Iglesia
católica que es preconstitucional". Denunció el
"mantenimiento de la religión institucionalizada en el
Ejército, en AENA, o en los funerales de Estado".
El
PSOE rechaza en el Congreso retirar los símbolos
religiosos de actos y ceremonias institucionales
EL
MUNDO
La
pretendida apuesta por la laicidad de los socialistas
siempre se queda en amagar y no concretar. De nuevo
ayer, en el pleno del Congreso de los Diputados, el PSOE
se vio en el aprieto de rechazar una iniciativa de IU
que pedía crear un «protocolo aconfesional» para que en
todos los actos y ceremonias institucionales se supriman
la presencia de símbolos religiosos.
El
PSOE se alió con el PP y CiU para tumbar la iniciativa
que el diputado de IU Gaspar Llamazares defendió con
ganas en el estrado.
Así,
el líder de IU explicó que, con su iniciativa, pretendía
evitar «paradojas como la modernidad de un Gobierno y el
anacronismo de imponer los símbolos religiosos» en los
actos de acatamiento de cargos públicos porque, en su
opinión, supone un «incumplimiento flagrante de esos
criterios constitucionales».
Para
Llamazares, se está aceptando por inercia «el
sometimiento del Gobierno no solamente a la
Constitución, como es obligado, sino a la Iglesia
católica», quien también denunció que se mantiene así
una «vinculación entre Monarquía e Iglesia católica que
es preconstitucional».
Tuvo
que ser el secretario general del Grupo Socialista,
Ramón Jáuregui, quien saliera al estrado a explicar la
difícil posición de los socialistas y, con su reconocida
habilidad política, hizo equilibrios.
Así,
dijo que no hay que defender la laicidad con
prohibiciones, y aseguró que, aunque considere que «el
crucifijo está de más», el PSOE «no va a hacer una ley
para prohibirlo». Según Jáuregui, hay que «normalizar la
aconfesionalidad del Estado, pero sin producir tensiones
innecesarias».
El
PSOE cree que el crucifijo «está de más» al prometer
cargos, pero no lo prohibirá
ABC
El
crucifijo que presidía la mesa en la toma de posesión de
José Luis Rodríguez Zapatero, y en la de todos sus
ministros, en el Palacio de la Zarzuela debió de dejar
noqueado a más de uno en la izquierda. Por ejemplo, a
Gaspar Llamazares. El coordinador de IU defendió ayer
ante el Pleno del Congreso una modificación del
protocolo de las ceremonias de acatamiento y promesa o
juramento de cargos, para eliminar todo tipo de símbolos
religiosos, «como corresponde a un Estado aconfesional».
El de
ayer fue uno de esos debates que sirven a los partidos
para reafirmarse en sus principios, y poco más. Lo
sorprendente fue la postura del PSOE, que hizo
auténticos malabarismos para votar en contra de la
Proposición No de Ley de IU-ICV, y mostrarse a favor, al
mismo tiempo, del fondo del asunto. El Pleno rechazó la
propuesta, con 309 votos en contra (PP, PSOE, CiU y CC),
nueve a favor (ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y Rosa Díez) y
seis abstenciones (PNV).
El
diputado Ramón Jáuregui defendió la postura equilibrista
del PSOE. Explicó que su grupo no ve la necesidad de
modificar el protocolo del Estado, porque el real
decreto que lo regula no habla en ningún lado de los
símbolos religiosos. Si hay una cruz y una Biblia es
porque lo coloca la Casa del Rey en el lugar donde toman
posesión los miembros del Gobierno, y porque cuando se
jura -posibilidad que se ofrece junto a la de prometer-,
se pone a Dios como testigo. Los socialistas votaron
también que no porque deducen que IU pretende prohibir a
la Casa del Rey la colocación del crucifijo en la mesa
donde los ministros juran o prometen su cargo.
Después del rechazo, llegó la posición auténtica del
Grupo Socialista: «En la toma de posesión de los
ministros, el crucifijo está de más, pero no haremos una
ley para prohibirlo», sostuvo Jáuregui. «Ya hay
demasiados signos confesionales en la política», añadió.
A su juicio, hay que avanzar en la aconfesionalidad del
Estado, pero «sin producir tensiones o rupturas
innecesarias».
El
PSOE prefiere prácticas «acofensionales naturales y
progresivas». Jáuregui lanzó dos preguntas, que se
quedaron sin respuesta: «¿Debe imponerse una norma legal
o protocolaria para las exequias fúnebres de las
víctimas del terrorismo, o las de ex presidentes, como
la reciente de Calvo-Sotelo, tienen que ser laicas y no
funerales de Estado?». «España es como es», concluyó
Jáuregui, quien recordó que los crucifijos han
desaparecido de muchísimas aulas, y no ha hecho falta
una ley para ello.
Por
el PP, Eugenio Nasarre se preguntó qué pensarán millones
de españoles al ver qué asuntos cruciales ocupan a los
diputados en este inicio de legislatura. «Libertad
religiosa, sí; laicidad del Estado, sí, en los términos
de la Constitución; continuidad de la realidad histórica
de España asumida por la democracia, sí, y sobre todo,
concordia en el espíritu del pacto constitucional»,
resumió.
La
nota extravagante la puso el PNV, quien presentó una
enmienda para derogar los actos de acatamiento y promesa
o juramento de cargos. Quizás tenga que ver que, además
de crucifijo, hay una Constitución en la mesa. Ni se
votó.
Acuerdos con la Santa Sede
Sus
señorías completaron la tarde parlamentaria con otra
iniciativa de similar calado. En este caso, el autor era
el Bloque Nacionalista Gallego, que pedía revisar y
modificar los acuerdos con la Santa Sede, para
adecuarlos «al carácter aconfesional del Estado». Estas
propuestas siempre suelen ir acompañadas de un guiño al
resto de confesiones religiosas. Tampoco falló esta vez.
Los nacionalistas pidieron extender las relaciones de
cooperación a otras religiones, «según los principios de
igualdad de trato y no discriminación».
El
Pleno rechazó la proposición no de ley del BNG, que tuvo
los votos en contra del PSOE, PP, CiU y PNV. Rosa Díez
votó a favor de esta iniciativa. El diputado socialista
Jesús Quijano apuntó que la revisión de los acuerdos no
está en el programa electoral del PSOE ni en las
prioridades del Gobierno, «lo que no quiere decir que
estemos cerrados al asunto». De hecho, el PSOE dejó la
puerta abierta de par en par al remitirse a la reforma
de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. «Este deberá
ser el contexto para plantearlo. No adelantemos
acontecimientos», advirtió el diputado.
El PP
denunció que se pretenda convertir el modelo de «aconfesionalidad
cooperativa» recogido en la Constitución por un Estado
laico.
El PSOE defiende la retirada de símbolos religiosos, pero no por ley
LA
RAZÓN
El
debate sobre el laicismo volvió ayer a la Cámara Baja.
Esta vez no a propuesta de ningún diputado del PSOE,
sino de quienes fueron sus socios en la anterior
Legislatura. ERC-IU-ICV demandaban una ley que
prohibiese el uso de símbolos religiosos en las tomas de
posesión. ¿La respuesta? Sí, pero no. Los socialistas se
mostraron favorables a avanzar en la retirada de este
tipo de símbolos, «en coherencia con la defensa de la
laicidad», pero no a promover una legislación en este
sentido.
Lo
explicó, por la mañana, el portavoz del PSOE, José
Antonio Alonso, para quien la supresión de este tipo de
símbolos debe producirse como consecuencia de «la
práctica y la evolución social y protocolaria», pero
nunca mediante «prohibiciones legales que no tienen
ningún sentido». Pero lo expuso con mayor claridad, por
la tarde en el pleno, el también socialista Ramón
Jáuregui. Desde su condición de secretario general del
Grupo Socialista, pero también como socialista
cristiano, recordó que el decreto que regula el
protocolo del Estado no habla de ningún símbolo
religioso ni tiene expresión de confesionalidad alguna.
Por tanto, conminó a Gaspar Llamazares a aclarar si lo
que pretendía su grupo era legislar para que la Casa
Real retirara la Biblia y el crucifijo en las tomas de
posesión.
Luego, se mostró partidario de acentuar los esfuerzos de
aconfesionalidad del Estado, pero nunca con tensiones
innecesarias». «La laicidad avanza al ritmo de la
práctica colectiva. ¿Laicidad? Sí, pero no negación del
hecho religioso», subrayó. «España es lo que es y nadie
puede prohibir ni el Corpus, ni la Semana Santa, ni la
celebración del 15 de agosto en media España».
El PP,
por boca de Eugenio Nasarre, secundó la posición
socialista, aunque por diferentes motivos. Su oposición
responde, claro, a que se hablaba de un asunto que «no
demanda nadie». Sólo el PNV apoyó la propuesta de ERC-IU-ICV,
pero para hacer un planteamiento más ambicioso que
pasaba por la supresión de las ceremonias de acatamiento
de la Constitución, y de la consecuente toma de posesión
del cargo. «Son formalismos anacrónicos, fósiles de una
época distinta, cuando imperaba una política distinta»,
apuntó el portavoz nacionalista vasco. Y si el PSOE dijo
«no» a la prohibición del crucifijo y la Biblia en los
actos públicos, hizo lo mismo con la petición del BNG
para que se retoquen los acuerdos entre el Estado y la
Santa Sede, a pesar de que algunos de sus diputados aún
defiendan lo mismo que los nacionalistas gallegos y
republicanos, que apoyaron la propuesta. Esta vez arguyó
que su programa electoral no incluyó ningún compromiso
en este sentido, lo que no impidió que las minorías le
recordaran el reciente compromiso de De la Vega de
promover la reforma de la Ley Religiosa. A pesar de
ello, el PSOE salvó esta vez el trance: todos sus
diputados acataron la disciplina.
Cañizares denuncia «los agravios, insultos y ofensas que
recibe la Iglesia»
LA
RAZÓN
La
Iglesia no está dispuesta a tolerar «los muchos
insultos, agravios y ofensas que está recibiendo ante la
pasividad de tantos». «No puede continuar esta
situación», sentenció el pasado domingo el arzobispo de
Toledo y Primado de España, el cardenal Antonio
Cañizares. Ese mismo día, la cadena de televisión «La
Sexta» emitía por la noche el programa «Salvados por la
Iglesia» en el que, según hizo público el propio canal,
«se averigua qué y quién se esconde detrás de la
publicación de un calendario romano con fotografías de
curas ?sexies?; se conocerá la opinión más arriesgada de
Fernando Sánchez Dragó sobre la Iglesia; escucharemos
las confesiones de un obispo al ?Follonero? (el
reportero del programa) y de éste al obispo; sabremos la
carta astral de Rouco Varela».
Burla
a la Iglesia
El
Observatorio Antidifamación Religiosa (Oadir) denunciaba
ayer la emisión de este espacio que estaba, a su juicio,
«clarísimamente dirigido no a informar o a entretener,
sino a burlarse de la Iglesia». «Este programa ha sido,
en su conjunto, una burla de mal gusto que ofende
profundamente el sentimiento de muchos ciudadanos
españoles. El tono en que estaba grabado todo el
programa traspasaba manifiestamente los límites
razonables de la libertad de expresión al ofender
abiertamente a la Iglesia», afirmó Antonio Alonso,
presidente de Oadir, en un comunicado.
En
una de las últimas entregas del programa «Caiga quien
caiga», de la misma cadena, uno de los reporteros se
mofó de la eucaristía y de la sangre de Cristo, y en la
siguiente entrega de «Salvados por la Iglesia», un
reportero «entrará en Torreciudad, el santuario de
peregrinación de la gente del Opus Dei».
Cañizares también ha denunciado «los verdaderos
sarcasmos y blasfemias» de una cabalgata que recorrió
Toledo el sábado, día previo al Corpus Christi, que
«intentó agredir la fiesta del Cuerpo de Cristo».
Los 'duros' del PP dejan solo a Losantos
EL PAÍS
Federico Jiménez Losantos, locutor de la Cope, salió del
juzgado de lo Penal número 6 de Madrid y, casi sepultado
por una nube de periodistas, dijo con el gesto torcido:
"Nunca me he fiado de los políticos". Acababa de
terminar la primera sesión del juicio en el que Losantos
está acusado de injuriar a Alberto Ruiz-Gallardón,
alcalde de Madrid. Y los testigos llamados por la
defensa, representantes del ala dura del PP -Esperanza
Aguirre, Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Ignacio
González-, no hicieron lo que el locutor esperaba de
ellos: ante el estupor general, negaron que el alcalde
sea un traidor al partido.
Se
diluyó así, al menos por un día, el enfrentamiento entre
las dos almas del PP -duros y blandos, radicales y
moderados- que vive el partido desde la derrota del 9-M
y que ayer parecía representado con todos sus actores en
ese juzgado de la capital: el locutor que durante cuatro
años azuzó a los duros (a cuenta, entre otras cosas, del
11-M); la cúpula que asumió y encarnó esa estrategia, y
uno de los pocos dirigentes que se desligaron de ella:
Alberto Ruiz-Gallardón.
El
juicio era contra Losantos, que durante dos años ha
tachado a Ruiz-Gallardón de "farsante", "lacayo",
"estorbo", "calamidad", "abyecto", "inmoral", le ha
acusado de manipular y tapar pruebas del 11-M y, sobre
todo, le espetó que le daban igual los 191 muertos de
ese atentado con tal de tocar poder. Pero durante toda
la sesión el acusado pareció ser Ruiz-Gallardón: la
defensa basó su estrategia en bucear en la trayectoria
política del alcalde para demostrar que siempre ha ido a
contracorriente de su partido y que las palabras del
locutor se limitaban a recoger esa realidad.
"No
se juzga a Gallardón"
A
pesar de las advertencias de la juez -"Aquí no se juzga
la historia política del señor Gallardón", recordó una y
otra vez-, la abogada de Losantos sacó a pasear la
relación del PP con los nacionalistas, con el 11-M, con
el Grupo PRISA (editor de EL PAÍS) y hasta con el caso
GAL, para sostener que en todos esos asuntos la postura
del alcalde había sido "contraria a la línea política de
su partido" y "afín al PSOE".
En
ese alegato contó con la complicidad de tres de los
testigos: el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y,
de forma más cauta, el ex presidente de la AVT Francisco
José Alcaraz y el periodista y eurodiputado popular Luis
Herrero. Pero cuando llegó el turno de los políticos, de
la cúpula del PP a la que Losantos había pedido su
testimonio para reforzarlo a él y debilitar a
Ruiz-Gallardón, todo salió al contrario de lo esperado.
"¿Se
alineó el señor Gallardón con el PSOE?", preguntaba la
letrada. "No quiero hacer valoraciones", contestaba
Zaplana. "¿Disentía de la línea política del PP,
mantenía posturas contrarias?", insistía ella. "No. En
lo fundamental, no. Quizá algún matiz, pero no", soltaba
Acebes.
Hasta
Esperanza Aguirre -que llegó a pedir hace meses al Rey
que diera un "trato humano" a Losantos- falló al
locutor. La abogada animó a Aguirre a comentar una
entrevista del alcalde en Abc en la que supuestamente
invitaba a su partido a "obviar" el 11-M (él lo niega).
Aguirre respondió: "Sólo recuerdo que en esa entrevista
dijo que había que mirar al futuro. No es contrario a la
línea del PP mirar al futuro".
Así
que el locutor de la Cope -para quien el fiscal pide
72.000 euros de multa- tuvo que defenderse solo. Durante
su declaración alegó que, "en la radio, separar
información y opinión es casi imposible", y que su
intención al proferir esos insultos -"expresiones
coloquiales, humor"- contra Ruiz-Gallardón era "buscar
justicia para las víctimas del 11-M". "Tengo la
conciencia moral de que Alberto Ruiz-Gallardón quería
que no se investigara, o que se investigara lo justo",
afirmó.
Respondió con gesto duro el alcalde cuando le tocó
hablar: "He sido objeto de muchas críticas durante mi
vida política. Sólo cuando me han acusado de querer
dejar impunes a los autores de 191 asesinatos he
iniciado una acción legal. Yo estuve allí el 11-M y vi
morir a muchas personas. Que yo sea después acusado de
intentar que saliesen libres los asesinos... Eso es lo
más grave, injurioso y ofensivo que me han dicho en toda
mi vida".
Federico Jiménez Losantos abandonó el juzgado indignado
con los políticos del PP. "Esto ha sido un ejercicio de
manipulación y caradura total. Hace dos años un señor [Gallardón]
dijo lo que dijo, y le contestaron los de su partido por
llevar la contraria a la línea del partido. ¡Y ahora
resulta que el uno no dijo lo que dijo y los otros no
oyeron nada y no contestaron lo que contestaron! Está
claro que la clase política en general no quiere saber
demasiado de los 200 muertos [del 11-M]. No vale la pe |