Una ley cruel y engañosa

El Congreso acaba de aprobar un nuevo proyecto de Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Se trata de una ley cruel, discriminatoria, totalitaria. En ella la autoridad pretende poder decidir sobre la vida y la muerte de miles de seres humanos.

El fondo de la cuestión es la valoración del embrión como un verdadero ser humano, por débil e incipiente que sea. Los científicos, los comentaristas, tendrían que ser claros y dejarse de ambigüedades: ¿cuál es el estatuto ontológico de un embrión humano? ¿Es o no un verdadero ser humano? ¿Acaso no tiene dentro de sí el dinamismo necesario para llegar a ser un hombre adulto con tal de recibir las ayudas exteriores necesarias? No es un simple “grupo de células”, como se dice en la ley. Ni sirve tampoco de nada inventar el concepto de “preembrión” para los primeros 14 días después de la fecundación. Se trata de un ser nuevo, que tiene en sí unidad, proyecto genético y dinamismo vital. Si no es un verdadero ser humano ¿qué otra cosa puede ser?

Reconocer la identidad humana del embrión haría prácticamente imposible la legitimación de la manipulación de esos seres humanos, su utilización con fines prácticos o su destrucción simple y directa. Con la nueva ley estas prácticas quedan admitidas prácticamente sin limitaciones. Se reconoce la capacidad de decisión a los donantes por un tiempo, pasado el cual los embriones quedan a merced del centro que los conserva. Los llamados “embriones sobrantes” podrán ser utilizados como material de investigación o para fines terapéuticos o destruidos directamente. En realidad quedan reducidos a la condición de cobayas humanas. Las comisiones, los registros, las aparentes limitaciones no resuelven este problema de fondo.

Conducidos por una mentalidad profundamente amoral, nuestros legisladores han autorizado también la producción de embriones humanos por clonación con el fin de poder obtener células madre o incluso niños compatibles que luego puedan dar órganos para sus hermanos o familiares enfermos. El procedimiento supone también la producción de un número indeterminado de embriones clonados entre los cuales se escoge uno y se destruyen los demás.

La malicia radical de estas prácticas consiste en atribuirse la capacidad de producir seres humanos artificialmente con un fin utilitario y condenar a la muerte a los que no sirvan para los fines deseados. ¿Puede haber un abuso mayor en el ejercicio de la autoridad? Los legisladores tienen poder y obligación de legislar para favorecer la convivencia, para promover el bien de todos, pero nunca para disponer de la vida o de la muerte de ningún ser humano. La vida humana es un bien sagrado que está por encima de nuestras instituciones, competencias y decisiones. No hay autoridad política que pueda legitimar lo que va contra la naturaleza humana y contra la dignidad del hombre. Nadie en la tierra tiene autoridad para dar la vida ni para quitarla a un ser humano en función de unas determinadas utilidades Si fuera legítimo clonar seres humanos para curar ¿por qué no iba a serlo también para otros fines igualmente apetecibles?.

No cambian las cosas por el hecho de querer dar una utilidad terapéutica a estos embriones clonados. No es justo, no es lícito, producir artificialmente un ser humano para poder utilizarlo en provecho de otro. No es lícito producir seres humanos para escoger uno y destruir los demás. Y menos cuando la naturaleza nos está ofreciendo otras posibilidades más razonables, enteramente respetuosas con los derechos básicos del ser humano y hasta técnicamente más favorables.

Pero el problema no está aquí. El problema está en la pretensión de arrogarse una libertad omnímoda en el ejercicio de la autoridad sin ninguna limitación de la plena autonomía por razones éticas y morales, con el ánimo de ampliar las libertades civiles sin referencia a ninguna ley moral objetiva, como si fuéramos los dueños absolutos de la vida. Es decir, el problema está en la voluntad manifiesta de legislar y de vivir en el marco de una visión de la vida radicalmente atea. Los legisladores dicen que quieren ampliar las libertades de los ciudadanos, pero quedan muchas cuestiones pendientes. ¿Quiénes son los que van a poder utilizar estos sistemas? ¿Quién se va a beneficiar económicamente de estas actuaciones? ¿Qué libertad se amplía a los embriones que son traídos a la vida para ser luego suprimidos? Cuando no se reconoce la soberanía de Dios, el poder político tiende a ocupar su lugar ampliando desmesuradamente sus competencias y alzándose como dueño de la vida y de la muerte. Esta la raíz del totalitarismo más radical y temible.

Los católicos no estamos en contra de la investigación, del progreso de la ciencia, del desarrollo de la medicina y de la atención a los que sufren deficiencias actualmente incurables. La fe en un Dios Creador nos capacita para buscar y utilizar todas las posibilidades que Dios ha puesto en el mundo para nuestro bien. Pero sabemos que la investigación, la ciencia y todos los recursos a nuestro alcance los tenemos que utilizar en favor de la vida, en favor del hombre y no atropellando los derechos ni la dignidad de ningún ser humano, por débil que sea. Dios ha puesto el mundo en nuestras manos, pero para el bien de todos, no para que lo disfruten los fuertes a costa de los débiles. Aquí no hay aspectos sociales que defender. Cualquier persona que estudie la cuestión de manera objetiva, verá que estas prácticas son una auténtica barbarie de bata blanca al servicio de fuertes intereses económicos. Quien defienda de verdad la dignidad del ser humano tiene que oponerse a ellas.