Aportación de la Iglesia Católica a una transición reconciliadora

Se ha escrito recientemente que la Iglesia española “es un peligro para la democracia”. Tengo la esperanza de poder demostrar con esta exposición que la Iglesia española, atenta a las necesidades de la sociedad española, y siguiendo fielmente las enseñanzas del Concilio Vaticano II, contribuyó de forma importante a la implantación de la democracia en España. Por lo cual no solamente no significa actualmente un peligro para la democracia, sino que sin su colaboración hubiera sido muy difícil el éxito de nuestra transición política.

Sería casi ocioso hablar ahora de esto si no estuviéramos en una época en la que, casual o intencionadamente, se están olvidando muchos elementos de los que intervinieron en los acontecimientos de aquellos años, en particular de la contribución de la Iglesia y de los católicos españoles al establecimiento de la democracia en España de forma consensuada y pacífica. No faltan tampoco quienes parecen poner en duda la validez de aquella transición, los acuerdos que la hicieron posible y la Constitución que resultó de todo ello como marco de convivencia para los españoles.

Mi exposición tendrá preferentemente un estilo testimonial. Tuve oportunidad de colaborar directamente con D. Vicente Enrique y Tarancón, siendo Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1971 hasta 1979, y luego como Obispo de León hasta que en 1981 dejó de ser Presidente de la Conferencia Episcopal. Al año siguiente fui elegido Secretario de la Conferencia y desempeñé ese cargo hasta 1988, durante la mayor parte del primer período de gobierno socialista en España. Entonces ya escribí que este tiempo del gobierno socialista era, desde muchos puntos de vista, la verdadera conclusión y consolidación de la transición y del establecimiento de la democracia en España.

Antes de entrar en materia querría hacer tres sencillas advertencias.

1ª, Lo que digo de la Iglesia católica no lo digo de manera excluyente. Hubo otras instituciones y muchas personas no católicas que colaboraron también sinceramente en la tarea de aquellos años excepcionales.

2ª, Cuanto se dice de la Iglesia se ha de entender tanto de la Iglesia local como de la Iglesia universal. Los Obispos y los católicos españoles sin el apoyo del Papa y el magisterio del Concilio Vaticano II no hubieran podido salir adelante en su empeño.

3ª, Al relatar los hechos no quiero acusar ni culpar a nadie. Seguramente en los trágicos acontecimientos de la IIª República y de la Guerra Civil nadie fue del todo inocente. No interesa tanto asignar responsabilidades cuanto descubrir y neutralizar las causas para que nunca pueda volver a ocurrir nada semejante.

I. PRECEDENTES.

Como todo lo que hacemos y padecemos, también las actitudes y las aportaciones de la Iglesia española a la transición española estuvieron condicionadas, para bien o para mal, por los acontecimientos de los años anteriores. Todo se realiza dentro de una historia, en continuidad, clara o encubierta, con los hechos anteriores y posteriores.

Para comprender lo que fue la transición política de los años 75-80, es preciso encuadrarla en un marco más amplio, que abarque los cuarenta años del régimen franquista, los tres terribles años de la Guerra Civil y su precedente más inmediato que son los cinco años de la IIª República. Estos períodos se condicionan sucesivamente.

El terrible enfrentamiento de la guerra civil.

Si en 1975, para poder establecer en España un régimen democrático que permitiera la convivencia libre y pacífica de todos, era preciso hablar de la necesaria reconciliación entre españoles, era porque todavía estaban vivas y excesivamente cercanas las heridas del terrible enfrentamiento entre hermanos durante la guerra civil.

El alzamiento militar no fue originalmente un acontecimiento impulsado por la Iglesia ni siquiera por un claro sentimiento religioso. Sus principales impulsores, no eran precisamente fervorosos católicos ni tenían en aquellos momentos relaciones cercanas con los Obispos. Pero es evidente que la Iglesia y los católicos españoles vivieron intensamente los avatares de la guerra civil. Muy pronto, en unas regiones más que en otras, la mayoría de los católicos se sumaron a los insurgentes. Apenas pasadas unas semanas después del levantamiento, se aplicó ya la palabra de Cruzada para designar las campañas de los sublevados.

Esta creciente identificación del bando insurgente con la defensa del catolicismo y de la Iglesia, a pesar de la postura contraria de algunas minorías, más fuera que dentro del país, aparece claramente reconocida y justificada en la Carta colectiva de los Obispos españoles de 1 de julio de 1937 que solamente dos Obispos se negaron a firmar. En la zona controlada por el Gobierno de la República se había desatado una cruel persecución a muerte de los sacerdotes y de aquellos fieles católicos que tuvieran cualquier leve significación entre sus vecinos. Algunos grupos claramente revolucionarios tenían la consigna de eliminar físicamente la Iglesia para garantizar la salud de la sociedad española y facilitar el triunfo de la revolución. Durante el primer año fueron fusilados, y a veces torturados, 14 obispos, 7.000 sacerdotes y un número imposible de precisar de fieles católicos no inferior a los 20.000. Las actividades religiosas desaparecieron de la vida pública y pasaron a ser actividades absolutamente clandestinas, gravemente peligrosas.

Para ser fieles a la verdad y tener en cuenta la complejidad verdaderamente trágica de aquellos momentos, es preciso recordar también que, simultáneamente, en las zonas controladas por los rebeldes, se perseguía a muerte a los socialistas, anarquistas, republicanos, radicales, nacionalistas y masones. Cualquiera de estas identidades significaba pena de muerte. La guerra civil fue la conclusión trágica de un período largo en el cual se fue incubando y difundiendo la idea de que derechas e izquierdas eran incompatibles. ¿Cómo se había llegado a esta convicción?

Los inicios del enfrentamiento bélico.

Desde 1931 la proclamación de la IIª República, la izquierda española había emprendido un programa de reforma cultural de la sociedad española que afectaba profundamente a la Iglesia y a las tradiciones de significado religioso y católico.

Como consecuencia de este intento, aquellos años fueron años de creciente tensión y de ahondamiento de las diferencias hasta generar la sensación de incompatibilidad entre los diversos sectores de la población española. En 1931 Azaña lanza su consigna de que “España ha dejado de ser católica” y emprende un proceso de secularización que resultaba fuertemente agresivo para los católicos. Aun así, los católicos intentaron participar en la vida democrática y para ello se organizaron políticamente en diferentes partidos y confederaciones como la CEDA.

Este programa de secularización, llevado a cabo desde el Parlamento, impulsado por los gobiernos y partidos de izquierda, era vivido desde el campo católico como una verdadera persecución. Dificultades en la vida administrativa, restricciones económicas, obstáculos para la enseñanza católica, medidas contra las congregaciones religiosas, actos legislativos contrarios a la doctrina católica, llevaban a los católicos de susto en susto y movían a los Obispos a repetir sus críticas y denuncias.

Ante estas dificultades los obispos españoles dieron muestras de preocupación e hicieron todo lo posible para defender los derechos de sus fieles y evitar los posibles conflictos. Ya en 1917, ante la irrupción de la revolución rusa, habían expresado su deseo de que las tensiones y los conflictos de la sociedad española se resolvieran pacíficamente mediante los cambios necesarios para suprimir las situaciones injustas y abrir el camino a una sociedad más justa. En todo momento los Obispos recomendaron a los fieles el acatamiento a las autoridades legítimamente constituidas actuando siempre pacíficamente en el marco de las leyes vigentes.

El 9 de mayo de 1931, poco tiempo después de la implantación de la República, los Metropolitanos escriben a sus fieles para transmitirles estos criterios:

a) Los cristianos acatamos la autoridad legítimamente constituida y nos sentimos en conciencia obligados a obedecer las leyes justas.

b) la Iglesia no entra en la contienda política, no se suma a ningún partido, su origen, sus medios y sus fines son propios e independientes de las instituciones políticas.

c) En cualquier caso, los católicos debemos tomar las medidas necesarias para defender nuestra libertad y nuestros derechos legítimos, de manera legal y pacífica.

En el mismo año 1931 se suceden varios escritos de los Obispos sobre el mismo problema. El 3 de junio, por encargo de los metropolitanos, el Cardenal Segura escribe al Presidente del Gobierno. Le hace saber que los Obispos “han recordado a los católicos españoles el respeto y la obediencia que deben a las autoridades constituidas, y la colaboración en todo aquello que concierne al bien común y a la paz social”. El 25 de junio aparece un nuevo texto firmado por todos los Obispos en el que se advierte acerca de los peligros de una Constitución laicista que no respete los derechos de los ciudadanos católicos. Al hacerlo quieren prevenir y si es posible evitar gravísimos males que se derivarían si estos proyectos llegaran a prevalecer. El 21 de noviembre escriben a los fieles pidiéndoles que sean generosos para suplir las ayudas económicas que el Estado se niega a dar para el mantenimiento del Clero.

En diciembre del mismo año los Obispos publican un documento de especial importancia en el que denuncian las deficiencias que ellos ven en la nueva Constitución en puntos tan importantes como el reconocimiento de la libertad religiosa, la aceptación de la Iglesia en la vida pública, el riesgo de discriminaciones en contra de los católicos, restricciones en la enseñanza católica e injusticias contra las congregaciones religiosas. Es de notar que aun en estos documentos fuertemente críticos, los obispos respetan y aceptan el orden político: “En todo momento, por difícil y apasionado que fuese, la Iglesia ha dado pruebas evidentes y abnegadas de moderación, de paciencia y de generosidad, evitando con exquisita prudencia cuanto pudiera parecer un acto de hostilidad hacia la República”.

Los Obispos se quejan de que se quiera excluir a la Iglesia de la vida pública, impidiéndole intervenir en la educación de la juventud, en la formación moral de los ciudadanos, a favor de un “absoluto laicismo del Estado”, con evidente perjuicio para la sociedad. Aun así, después de exponer con claridad lo que les parece inadecuado e injusto en la nueva Constitución, siguen animando a los fieles a mantener el respeto hacia las autoridades legítimamente constituidas. “La Iglesia católica jamás deja de inculcar el acatamiento y obediencia debidos al poder constituido, aun en los días en que sus depositarios y representantes abusen del mismo en contra de ella… Con aquella lealtad que corresponde a un cristiano, los católicos españoles acatarán el poder civil en la forma con que de hecho exista y, dentro de la legalidad constituida, practicarán todos los derechos y deberes del buen ciudadano”. Todo ello queda dicho “como cumplimiento de un ineludible deber y con la clara voluntad de contribuir, por nuestra parte, a la pacificación social y civil”, mientras “voces apasionadas claman todavía por la prosecución de una guerra implacable a la Iglesia, con un afán de exterminio que, cuando menos, es perturbador e irrealizable”. Este documento merecería en la actualidad un estudio detallado y minucioso para descubrir con objetividad cuáles fueron las actitudes de la Iglesia española ante el surgimiento inesperado y casi revolucionario de la democracia con el nacimiento de la IIª República.

En mayo de 1933, después de la promulgación de la ley de confesiones y congregaciones religiosas, que consideran nacida de un “laicismo agresivo”, vuelven a quejarse de la dureza y el trato injusto que está recibiendo la Iglesia en España. “Inmerecido es el trato durísimo que se da a la Iglesia en España” (II,1). Curiosamente, a partir de este momento, ya no hay más escritos colectivos del episcopado español hasta la carta de julio de 1937.

Desde la revolución de 1934, y sobre todo a partir de las elecciones de febrero del 36, la situación se hace más difícil para los católicos, con las frecuentes quemas de iglesias y conventos, propagandas amenazantes, detenciones injustificadas. La reiteración de tales hechos hace surgir la idea de que la república, entendida como el establecimiento de la democracia, y la Iglesia católica son incompatibles. Tanto católicos como laicistas viven con la convicción de que en España la democracia y la vida católica de los ciudadanos son de hecho incompatibles. Muchos historiadores importantes coinciden en afirmar que este período, especialmente a partir de la revolución del 34, es el comienzo de un conflicto que conducirá inexorablemente a la guerra civil de 1936. El desgobierno, el sectarismo y la abierta persecución contra los católicos en estos años son esenciales para explicar el levantamiento del 36 y la guerra civil posterior.

Esta situación soportada durante cinco años, junto con la dura persecución desatada contra los católicos desde los primeros días de la guerra civil, explica suficientemente que los católicos vieran de forma favorable el levantamiento militar, aun con frecuentes titubeos y dudas de conciencia. La dura persecución a la que se vieron sometidos en la zona republicana durante los primeros meses de la contienda hizo que se fueran sintiendo cada vez más claramente partidarios de un alzamiento que les libraba de aquella injusta situación. Teniendo en cuenta estos datos, no es difícil de comprender que obispos y fieles católicos se adhirieran mayoritariamente a aquel sector que les ofrecía seguridad mientras en el otro eran perseguidos a muerte.

Sin embargo, aun reconociendo este acercamiento masivo de los católicos al levantamiento nacional, hay un dato cierto que conviene tener en cuenta: la Iglesia no promovió el levantamiento. Ninguno de los militares que lo llevaron a cabo eran especialmente devotos en aquellos momentos. Salvo algunas excepciones personales poco significativas, no se ha podido demostrar ninguna conexión entre los promotores y las autoridades eclesiásticas. En los primeros momentos había católicos en los dos bandos, o en las dos actitudes, legitimistas y rebeldes. Ninguna motivación religiosa fue aducida en las primeras proclamas de los líderes del alzamiento.

La alternativa que se presentaba ante la Iglesia en aquellos momentos no era la de escoger entre un régimen republicano y democrático o una sociedad autoritaria. La verdadera alternativa era más bien entre una democracia, sometida por los asaltos de una izquierda dispuesta a implantar la dictadura del proletariado al estilo soviético, incapaz de garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos, que permitía la eliminación física de la Iglesia, y otra organización política naciente en la que se garantizase la seguridad de las personas y los católicos pudieran vivir con tranquilidad y profesar su fe sin represalias.

En aquel momento no se podía saber cómo iba a configurarse el nuevo régimen. Desde el primer momento los Obispos advirtieron contra el peligro de acercarse demasiado a los regímenes fascistas del momento. Lo cierto es que el régimen de Franco nunca quiso cancelar las consecuencias de la guerra civil. En los primeros años después de la guerra hubo represiones y purgas. Durante los cuarenta años que se mantuvo en el gobierno, Franco no reconoció los plenos derechos civiles de los vencidos. Esta situación hizo que la sociedad española mantuviera vivo el recuerdo de la trágica división de España y del enfrentamiento cainita entre los españoles. Curiosamente, desde 1934 hasta 1937 no hay ningún documento colectivo de los Obispos españoles.

Adhesión y privilegios de la Iglesia.

El documento más significativo de esta época es la carta colectiva publicada por los obispos españoles el 1 de julio de 1937. Está dirigida a los Episcopados del mundo con el fin de informarles de los hechos. En ella lamentan el hecho de la guerra. Era una tragedia previsible que ellos no han provocado y han tratado de evitar. Han sido leales con las autoridades, han intentado fortalecer la paz con el perdón. La guerra es fruto de la temeridad y la injusticia de quienes no supieron gobernar según justicia. Lamentan sobre todo la falta de autoridad ante muchos atropellos, los incendios en mayo de 1931, las revueltas en octubre de 1934, la destrucción de iglesias: 410 incendiadas y saqueadas desde febrero a julio de 1936.

Los Obispos aportan datos comprobados después por los historiadores. La Iglesia española se ha visto sometida a una terrible persecución. En un año 14 obispos y 7.000 sacerdotes han sido fusilados. Muchos de ellos fueron también torturados. Más de 20.000 fieles cristianos han sido asesinados por el simple hecho de serlo. Estos atropellos hacían previsible la guerra civil y fratricida, “pero la Iglesia de España no la ha querido ni la ha provocado”. Hasta última hora la Iglesia acató y apoyó el sistema político legítimamente establecido. Pero, ante la falta de garantías y de seguridad padecida por la población, los obispos justifican la sublevación militar. Manifiestan dudas y temores acerca de la posible evolución del nuevo régimen naciente. Aludiendo a los fascismos entonces existentes manifiestan su esperanza a la vez que alertan sobre los peligros previsibles. “Confiamos en que no querrán imitar modelos extranjeros”. El Cardenal Gomá, que había sido el principal redactor de la Carta Colectiva denunció pronto las tendencias excesivamente autoritarias del nuevo régimen que se iba configurando y tuvo dificultades con el Gobierno por alguna de sus Cartas pastorales.

Como consecuencia de estos hechos nació el estatuto de la Iglesia católica en el régimen establecido por el General Franco. A la vista de lo que la aportación de los católicos había significado en la guerra civil, Franco instaura un Estado confesional, católico. Las leyes del Movimiento configuran el Estado español como un Estado católico. “El Estado español tiene como un honor defender la doctrina y la disciplina de la Iglesia católica”. En consecuencia sitúa a las demás confesiones y religiones en un régimen de estricta tolerancia con duras restricciones en sus actividades públicas.

Así se crea una situación de protección jurídica para la Iglesia católica que en los primeros años es aceptada por los católicos como algo normal, sin protestas significativas, aunque la Santa Sede tardó en aceptar. La Iglesia católica tiene subvenciones, reconocimiento, protección civil. A cambio se le pide apoyo, colaboración, privilegios y honores para las autoridades civiles, especialmente en la selección y nombramiento de los Obispos.

Todo ello queda recogido y confirmado en el Concordato de 1953, cuando ya el clima de la sociedad española comenzaba a cambiar, la guerra civil quedaba atrás, la unidad católica era menos real y menos beligerante, comenzaban a aparecer los primeros síntomas de otra sensibilidad espiritual.

En 1975, después de cuarenta años de régimen franquista, una buena parte de la sociedad española tiene muy asimilada la idea de que la Iglesia forma parte de este régimen o por lo menos está profundamente anclada en él, con un sistema de privilegios que muchos ciudadanos, católicos y no católicos, ven ya como anacrónico, inadecuado, discriminatorio e injusto. Cuando ahora tenemos que soportar las acusaciones de haber colaborado con el régimen de Franco, de haber disfrutado durante un largo período de tiempo de una situación privilegiada, no lo podemos negar. Pero sí podemos pedir que para hacer una evaluación justa y objetiva de este hecho, se tengan en cuenta las causas que dieron lugar a semejante situación.

II. CAMBIO DE ACTITUDES. EL CONCILIO VATICANO II.

Desde que en 1953 comenzó a abrirse el aislamiento de España, muchos jóvenes sacerdotes comenzaron a frecuentar las diversas universidades europeas. Por su misma naturaleza universal, la Iglesia y los católicos españoles comienzan a relacionarse con las Iglesias y los países de Europa, antes que otras muchas instituciones. Estas salidas al extranjero hicieron posible que no pocos sacerdotes y algunos católicos seglares fueran adquiriendo actitudes críticas respecto del régimen español.

Es verdad que el impulso decisivo para la renovación eclesial y política nació del Concilio Vaticano II, pero no es menos cierto que en la Iglesia de España la mayoría del clero joven y muchos grupos cristianos estuvieron muy pronto en sintonía con las Iglesias de Europa y sentían la necesidad de algunos cambios en la propia Iglesia. Desde la década de los sesenta era ya patente entre los sacerdotes jóvenes y no pocos grupos católicos el deseo de revisión de la situación establecida tanto en la Iglesia como en las instituciones políticas. (Signo, El Ciervo, Incunable, Cuadernos para el Diálogo, ACDP, AC).

Desde 1962 hasta 1966 se celebra el Concilio Vaticano II. Los debates y los documentos conciliares provocaron en la Iglesia española honda conmoción y dieron un fuerte impulso a las corrientes renovadoras. Los seglares se vieron impulsados a asumir responsabilidades sociales y políticas, la AC desde sus actividades formativas iba creando ambiente y preparando militantes para el apostolado obrero que pasarían muy fácilmente a la acción sindical y política. Los sacerdotes en sus predicaciones insistían en la necesidad de defender y reclamar la plenitud de los derechos humanos, la libertad de conciencia, libertad de opinión y comunicación, todas las reivindicaciones sociales encontraban fácilmente el apoyo de las comunidades cristianas. Las multas, las detenciones de algunos sacerdotes no pudieron reprimir este movimiento. Todo se acentuó a partir de 1972, cuando ya la sociedad entera vivía la inminencia de la “previsiones sucesorias”.

Como síntoma del estado de opinión que reinaba en las esferas más responsables de la Iglesia católica en España puedo aducir las palabras del Cardenal Tarancón. Después de una mañana de trabajo, en la sobremesa, cuando el Cardenal estaba contando algunos recuerdos de su vida durante la guerra civil, interrumpió y dijo: “Entonces prometí a Dios hacer todo lo que estuviera en mi mano para que eso no se pudiera repetir entre españoles, y menos por razones religiosas”. “La Iglesia tiene que ser instrumento de reconciliación y no de división”.

Poco tiempo antes el Cardenal había escrito: “Me propuse dos objetivos, aplicar en España las enseñanzas del Concilio en lo referente a la independencia de la Iglesia de todo poder político y económico, y procurar que la comunidad cristiana se convirtiese en instrumento eficaz de reconciliación para superar el enfrentamiento entre españoles que había culminado en la guerra civil. En resumen, tratar de que la Iglesia perdiese influencia política y ganase credibilidad religiosa. … Por eso luché y esta es mi apología y mi defensa. Si he fallado en el empeño lo dirá la historia. Mi conciencia está tranquila”.

Con Tarancón como Presidente de la Conferencia Episcopal, había un grupo de obispos y muchos sacerdotes deseosos de hacer cuanto fuera posible para que la Iglesia fuera realmente un instrumento de acercamiento y reconciliación entre todos los españoles, para que las convicciones religiosas no fueran causa de enfrentamientos ni incompatibilidades entre los españoles. A partir de 1960 éramos muchos los sacerdotes y católicos los que pensábamos que la división de la sociedad española, manifestada trágicamente en la guerra civil y continuada durante el régimen franquista como una situación latente, había empujado a la Iglesia a identificarse con una de las partes contendientes y le había cerrado muchos caminos para relacionarse con el resto de la población. Creíamos que era ya hora de terminar con aquella situación, liquidando las consecuencias sociales del enfrentamiento civil y preparando los caminos para una reconciliación real y profunda de todos los españoles, cerrando la época de la guerra civil con un generoso perdón mutuo y el reconocimiento de los derechos civiles de todos los ciudadanos en las mismas condiciones. Nos parecía urgente que la Iglesia apareciera como una institución de naturaleza religiosa, libre de toda vinculación política y capaz de anunciar el mensaje de Jesucristo a todos los ciudadanos. El Concilio nos ofrecía la oportunidad providencial para este objetivo irrenunciable y urgente.

Esta mentalidad que había ido madurando en el alma de muchos eclesiásticos y fieles cristianos por la sola fuerza del evangelio y la acción del Espíritu Santo, se aceleró y generalizó rápidamente una vez promulgados los documentos conciliares. Dos fueron los documentos más influyentes en este punto, la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, y el Decreto sobre libertad religiosa.

La constitución Gaudium et Spes estaba dedicada a exponer la doctrina sobre las relaciones de la Iglesia con la sociedad. En ella el Concilio defiende el derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida política, exhorta a los católicos a intervenir en la vida pública en defensa de las libertades y del bien común, reclama la independencia de la Iglesia respecto del Estado y de las instituciones políticas, propone un modelo de relaciones entre la Iglesia y Estado resumido en la afirmación de la independencia mutua y la sincera colaboración en favor del bien de los miembros en buena parte comunes, y el mayor bien posible de la sociedad entera.

Entre todas las enseñanzas del Concilio, el documento más incómodo para la situación española resultó ser el breve Decreto sobre la libertad religiosa. Pensado para denunciar la limitación de la libertad religiosa, y de las demás libertades políticas, en los regímenes comunistas, resultó seriamente crítico, aunque de manera diferente, para el Estado confesional de Franco. Este Decreto acaparó en España gran parte de la atención de la opinión pública, en la Iglesia y en la sociedad, durante los primeros años del período posconciliar. En él, el Concilio proclama el derecho de todos los ciudadanos a profesar libremente la religión según la propia conciencia, proclama la obligación del Estado y de las instituciones políticas de respetar el ejercicio de la libertad religiosa de los ciudadanos, y niega la competencia del Estado para intervenir en cuestiones religiosas. “El poder civil debe asumir con eficacia, mediante leyes justas y otros procedimientos adecuados, la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos y crear condiciones propicias para fomentar la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de su religión y la sociedad goce de los bienes de justicia y de paz que dimanan de la fidelidad de los hombres a Dios y a su santa voluntad” (n.6).

Estas enseñanzas del Concilio no eran compatibles con la configuración de un Estado confesional, en el que sólo los ciudadanos católicos podían ejercer plenamente su derecho a la libertad religiosa. Los partidarios y defensores del régimen veían en ellas un peligro contra el ordenamiento jurídico vigente. Reconocer plenamente la libertad religiosa a todos los ciudadanos, también para los no católicos, era ponerse en camino de un régimen de libertades que resultaba incompatible con el sistema establecido. ¿Cómo conceder plena libertad a las confesiones cristianas y a las religiones no cristianas para manifestar públicamente sus opiniones, si las mismas libertades políticas estaban restringidas para todos los ciudadanos?

Quienes anteponían la fidelidad eclesial a cualquier consideración política, veían la necesidad de reclamar ante el Estado la revisión de las leyes hasta incorporar las enseñanzas del Concilio en materia de libertad religiosa. La misma confesionalidad católica del Estado le obligaba a reconocer plenamente la libertad de las demás confesiones y religiones profesadas por los ciudadanos españoles. En esta situación, quienes deseaban la democratización de la vida política desde posiciones puramente políticas, y quienes trabajaban para que la doctrina de la Iglesia fuera reconocida por un Estado que se presentaba como católico, aunque con motivaciones y perspectivas diferentes, coincidían materialmente en unas reclamaciones semejantes. Iglesia y oposición política se encuentran en una coincidencia material que favorece el acercamiento y la colaboración, y da lugar también a que sean confundidas desde el gobierno y a veces desde dentro de sus propias filas.

Para el gobierno, los católicos y los obispos coincidían sospechosamente en algunas posiciones críticas con los enemigos del régimen, socialistas y comunistas. No pocos militantes de estos movimientos clandestinos se protegían inscribiéndose en asociaciones de la Iglesia y actuando con intenciones políticas desde estas asociaciones de naturaleza religiosa y apostólica. Otras veces, los fieles sinceramente miembros de estas asociaciones católicas, confundían su vocación apostólica con las iniciativas impulsadas desde las organizaciones políticas o sindicales. En más de una ocasión, unos y otros dieron lugar a confusiones y conflictos entre militantes y obispos por cuestiones de claridad doctrinal y coherencia en las actuaciones.

Por fidelidad a su misión y por mantener la claridad de métodos y objetivos dentro de las asociaciones apostólicas, los Obispos tuvieron que tomar medidas dolorosas que en aquel momento no eran fáciles de entender ni de aceptar. Momentos hubo en los que los obispos tuvieron que actuar en una dura soledad, criticados por los católicos más tradicionales que los consideraban influenciados por las tendencias políticas de izquierda, y criticados también por los católicos de los movimientos apostólicos que los consideraban excesivamente conservadores y condescendientes con el régimen franquista.

III. LOS TEXTOS, LAS DECISIONES, LOS HECHOS.

El camino hacia la democracia.

No era difícil prever que algunas enseñanzas del Concilio iban a crear dificultades para el régimen español. A pesar de todo, los Obispos españoles, apenas terminado el Concilio, todavía desde Roma, manifiestan su voluntad de ser fieles a la doctrina conciliar. “Estamos decididos a aplicar las decisiones del Concilio, en cuanto de nosotros dependa, hasta las últimas exigencias”. “Sentir con la Iglesia significa aceptar cuanto el Concilio ha enseñado y determinado y practicarlo con perfecta docilidad y obediencia, en testimonio de amor verdadero a la misma Iglesia”.

Poco a poco, con paciencia y no pocos sufrimientos los Obispos revisan la situación política a la luz de las enseñanzas conciliares y piden las modificaciones correspondientes. Apenas terminado el Concilio, en 1966, después de algunos titubeos, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal publica un documento, titulado La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio, en el que se exponen las enseñanzas del Concilio sobre la materia y se indican ya algunas modificaciones que habría que introducir en el ordenamiento español para adecuarlo a las enseñanzas de la Iglesia. La Iglesia tiene una misión religiosa y moral, en orden a la salvación eterna, pero su doctrina tiene influencia real en la vida temporal. Aunque haya que reconocer la justa autonomía del orden temporal, por razón de los sujetos que lo viven, hay que situarlo en relación con los planes de Dios. Los cristianos están llamados a “impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu del evangelio”. El ordenamiento de las realidades temporales según los planes de Dios exige el pleno respeto a la libertad religiosa de todos los ciudadanos, católicos y no católicos. A los pastores les corresponde enunciar los principios. Los fieles seglares tienen que buscar la manera de aplicarlos, bajo su propia responsabilidad, con libertad, sin temor a la posible variedad de opiniones y puntos de vista.

El 22 de enero de 1968 los obispos dan un paso más y publican un documento dedicado expresamente a exponer la doctrina de la Iglesia sobre la libertad religiosa y su necesario reconocimiento en el ordenamiento civil. Explican el verdadero sentido de este concepto, el derecho a la libertad religiosa es un derecho civil, que el Estado tiene que tutelar, sin intervenir en las decisiones religiosas de los ciudadanos, considerando su vida religiosa, libremente ejercida, como una parte importante del bien común. Sin pretenderlo, estas declaraciones iban a comenzar una época de tensiones y conflictos entre la Iglesia y el gobierno. Con una explicable ingenuidad que los hechos se han encargado de contradecir, los Obispos expresan la esperanza de que el respeto a la libertad religiosa no resultará incompatible con la unidad católica de los españoles, con tal de que ésta sea fruto de una decisión libre, ejercida con pleno respeto a la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Semejante condición manifiesta que los Obispos de alguna manera preveían lo que luego iba a ocurrir. Aun así, reclaman el reconocimiento a la libertad religiosa de todos los ciudadanos como una exigencia de justicia.

Estos años están llenos de tensiones, impaciencias, conflictos. Muchos grupos de sacerdotes y de cristianos quieren que los cambios sean más rápidos y profundos. Presionan a los Obispos y se manifiestan en contra de las resistencias de las autoridades políticas. Podemos recordar la llamada Operación Moisés, la ocupación de la Nunciatura, ocupación también del Obispado de Barcelona, centenares de homilías multadas, publicación de manifiestos y declaraciones. La falta de experiencia y la escasa preparación intelectual de muchos activistas favorecía la confusión entre los asuntos de naturaleza política y las cuestiones doctrinales o disciplinares de índole eclesial. La situación se vio agravada por tendencias como la lectura secular del Evangelio, el movimiento de “Cristianos por el socialismo” y enseguida la explosión de la Teología de la liberación.

En este clima tenso y complicado, para favorecer el diálogo y rebajar las tensiones dentro de la Iglesia, los Obispos convocaron una Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes. Esta Asamblea se celebró en septiembre de 1971. Como resultado de cada una de las ponencias se redactaban unas proposiciones que luego se sometían a votación de toda la asamblea. Para ser reconocidas como aprobadas por la Asamblea estas proposiciones tenían que recibir al menos dos tercios de votos afirmativos.

Aunque no tuviera naturaleza jurídica, esta Asamblea resultó un acontecimiento de gran importancia. Se puede decir que marca la inflexión pública en el tono y la actitud de la Iglesia española. Una Iglesia que mayoritariamente había quedado sorprendida y desconcertada por las innovaciones del Concilio Vaticano II, de golpe aparece como profundamente sintonizada con el Concilio, y no sólo dispuesta, sino deseosa de renovarse a fondo siguiendo las enseñanzas y recomendaciones de aquel gran acontecimiento eclesial. Por debajo de unas apariencias fuertemente condicionadas por los acontecimientos de la guerra civil y por el consiguiente aislamiento de España, que habían ido quedando anquilosadas y vacías, aparecía una Iglesia joven y renovada, muy concorde con las enseñanzas conciliares, dispuesta a conseguir su plena libertad con independencia del poder político para poder contribuir a la reconciliación y pacificación de los españoles, y a la normalización política del país, en cumplimiento de su misión religiosa y cristiana.

La primera ponencia presentó una proposición que decía así:

“Si decimos que no hemos pecado hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está en nosotros (I Jn 1, 10). Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no siempre supimos ser instrumentos de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos. (Prop. 34 de Iª ponencia). Es la primera vez que en la Iglesia española se habla de reconciliación, forma pública y colectiva. La proposición no alcanzó los dos tercios de votos favorables. La primera votación obtiene el resultado de SI 137, NO 78; En una segunda votación el resultado fue: SI 123, NO 117. La proposición no alcanzó los dos tercios. Pero este breve texto quedó como una referencia a la que ya nunca renunció la Iglesia española. Había comenzado públicamente el camino de la reconciliación. En otras muchas proposiciones se pedían implícitamente cambios en el orden jurídico que eran otras tantas alusiones en favor de un ordenamiento democrático.

La Iglesia y la comunidad política. 1973.

Un paso decisivo en la toma de posiciones de los Obispos fue la promulgación del documento La Iglesia y la comunidad política, publicado el 23 de enero de 1973, por tanto en vida de Franco. Los obispos comienzan diciendo que para ser fieles al Concilio en el ejercicio de su ministerio tienen que iluminar la situación española con la doctrina de la Iglesia. A la vez con este documento quieren responder a las recomendaciones recibidas del Papa VI en su discurso del 28 junio en el que les animaba a “estar activos en medio de vuestro pueblo”, con el fin de “consolidar el Reino de Dios en todas sus dimensiones”, atendiendo a las “aspiraciones de los sacerdotes, especialmente de los más jóvenes”.

En este documento los Obispos reconocen la dificultad de aplicar la doctrina del Concilio en nuestro país, dado que Iglesia y Estado han vivido en una situación de confusa unidad desde el s.VI. Afirman la necesidad de marcar las diferencias entre ambas instituciones y exhortan a los cristianos a asumir la defensa de la doctrina cristiana en el campo de las realizaciones políticas, bajo su personal responsabilidad, contando con los necesarios espacios de libertad y pluralidad. Sin pretender ningún poder en los asuntos temporales, la Iglesia reivindica su plena libertad y su derecho a pronunciarse desde el punto de vista moral en las situaciones y actuaciones de la vida temporal. Para acomodarse a las exigencias de una sociedad justa, la Iglesia ofrece la renuncia a sus privilegios jurídicos, pide la revisión del Concordato de 1953 y manifiesta sus dudas acerca de la compatibilidad de la confesionalidad del Estado con el pleno reconocimiento de la libertad de los ciudadanos en materia religiosa.

Les parece esencial el reconocimiento efectivo y sincero de la plena libertad de las demás confesiones y religiones sin hacer ninguna discriminación por parte del Estado por razones religiosas. Consideran insuficiente la Ley de libertad religiosa promulgada el 28 de junio de 1967. Para facilitar estos cambios, los Obispos renuncian a los privilegios de la Iglesia reconocidos en el Concordato de 1953, el privilegio del fuero, la exención de los clérigos del servicio militar, la presencia de obispos y sacerdotes en las instituciones sociales y políticas y piden al Gobierno que renuncie al privilegio del derecho de presentación, es decir, el privilegio de intervenir en el nombramiento de los Obispos, reiterando la petición presentada ya en 1966 y en abril del 1968. A esta petición el General Franco respondió repetidamente que este asunto era revisable sólo en una revisión global del Concordato. El Rey Juan Carlos I renunció al privilegio de presentación en 1976. Junto a los privilegios, los Obispos consideran que hay otros puntos que son verdaderos derechos de la Iglesia y de los ciudadanos católicos en una democracia como el derecho de los padres católicos a la enseñanza y educación católica de sus hijos, las subvenciones a la Iglesia para el desarrollo de sus fines que no son por tanto renunciables.

A partir de este momento son ya frecuentes las tensiones y los conflictos entre la Conferencia Episcopal y los gobiernos del Régimen. Una historia sumaria de los hechos puede verse en la Introducción escrita por D. Jesús Iribarren para la publicación de los Documentos de la CEE editada por la B.A.C. en 1984.

Desde 1975 hasta los Acuerdos de 1979

Esta actuación de los Obispos en favor de la democratización del régimen y de la renuncia de los privilegios de la Iglesia para hacer posible la reconciliación de los españoles y la transición hacia una sociedad democrática que reconociera los derechos de todos, se intensifica con la publicación del documento colectivo sobre la reconciliación, publicado el 17 de abril de 1975, “La reconciliación en la Iglesia y en la sociedad”. En él los Obispos expresan con claridad sus puntos de vista:

“En nuestra Patria el esfuerzo progresivo por la creación de estructuras e instituciones políticas adecuadas ha de estar sostenido por la voluntad de superar los efectos de la contienda civil, que dividió entonces a los ciudadanos en vencedores y vencidos, y que constituyen todavía un obstáculo serio para una plena reconciliación entre hermanos”… “Las nuevas generaciones, que no vivieron aquel conflicto, nos piden, y con razón, la generosidad suficiente para construir, unidos en la esperanza, un futuro más justo y más fraterno” (n.27).

Para ello hay que reconocer ampliamente los derechos de las personas, hay que garantizar los derechos de reunión, expresión, asociación, se deben respetar los derechos de las minorías dentro del bien común. Estamos ya en los umbrales de la transición política. En la Iglesia, muchos viven con impaciencia la necesidad de contribuir a una verdadera reconciliación entre españoles que borre espiritualmente las heridas de la guerra civil. En el orden moral es imprescindible el perdón mutuo y la reconciliación. En el orden político el reconocimiento de los derechos civiles sin discriminaciones ni restricciones arbitrarias.

Todo ello quedó solemnemente proclamado en la homilía pronunciada por el Cardenal Tarancón en la Misa celebrada en la Iglesia de los Jerónimos, el 27 de noviembre de 1975, con la que el Rey Juan Carlos I quiso acompañar su entronización como Rey de España. El Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal le pidió solemnemente que fuera el Rey de todos los españoles, “sin privilegios ni discriminaciones”, tratando de superar los enfrentamientos de otras épocas, sanando las heridas de los conflictos pasados, reconociendo los derechos de todos, iniciando un período de paz y de convivencia por los caminos de la reconciliación, la justicia y la generosa convivencia. En este breve texto quedó expresada de manera solemne y definitiva la actitud mayoritaria de la Iglesia ante la nueva época que se abría ante la nación española.

Pocos meses después D. Ángel Suquía, en aquel momento Arzobispo de Santiago de Compostela, en julio de 1976, en la ofrenda al Apóstol Santiago, pide la amnistía para los presos políticos. Muchos grupos cristianos se manifiestan en favor de una amnistía total.

En 1977, en pleno debate sobre cómo tenía que ser la transición política, los Obispos publican otro documento importante titulado Orientaciones sobre la participación política. (2 febrero 1977). La Iglesia no pretende mantener ni conseguir ningún poder político, no quiere identificarse con ningún partido, puesto que ningún partido es capaz de recoger su patrimonio espiritual ni puede representarla en el ámbito de la vida social y civil, pide en cambio plena libertad para enseñar su doctrina, libertad para que los cristianos puedan asumir sus compromisos políticos en favor del progreso, la libertad, la paz. Espera poder actuar para formar la conciencia cívica de los creyentes, favorecer el bien común, apoyar a los más débiles, y relativizar las ideologías.

En este tiempo, mientras se trabaja para la redacción de la Constitución, el Cardenal Tarancón, Presidente de la Conferencia Episcopal mantiene encuentros y conversaciones, directas o indirectas con los representantes de todas las fuerzas políticas. A todos ellos les transmite el mismo mensaje: la Iglesia quiere colaborar para conseguir la reconciliación entre todos los españoles, es preciso hacer todo lo posible para conseguir una Constitución que supere los pasados enfrentamientos y abra la posibilidad de una convivencia reconciliada y pacífica entre todos los españoles. La Iglesia está dispuesta y se siente preparada para colaborar efectivamente en facilitar las condiciones requeridas para inaugurar una nueva época de estabilidad y de paz. En frecuentes encuentros y reuniones de trabajo se buscan fórmulas aceptables para todos en los puntos más importantes como el paso de un régimen confesional a un Estado aconfesional, el reconocimiento del derecho de la Iglesia a enseñar y el derecho de los padres a educar cristianamente a sus hijos tanto en las escuelas de la Iglesia como en la enseñanza pública.

De esta misma época es el documento Nuevas orientaciones sobre el apostolado seglar, en el cual los obispos tratan de estimular la participación de los fieles cristianos en la vida pública, en servicio de la libertad, el reconocimiento de las libertades y derechos políticos de todos los ciudadanos, la variedad y pluralismo de diferentes opciones políticas al servicio del bien común.

En 1977 aparecen varios documentos de especial importancia. Los Obispos intentan orientar a los católicos para que tengan en cuenta los aspectos morales al votar en las elecciones. Su doctrina se puede resumir de este modo. No hay ningún partido que sea representativo de la Iglesia ni de la doctrina cristiana. Los cristianos deben votar con libertad y según la propia conciencia, teniendo en cuenta las posturas de los diferentes partidos en relación con los componentes morales del bien común, tal como son reconocidos en la doctrina católica. Los cristianos deben apoyar a los partidos que mejor garanticen y promuevan el respeto a la libertad de los ciudadanos, la justicia y la moralidad pública, el bien de la familia, la libertad de enseñanza y la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos y los pueblos de España, el apoyo a los más débiles y necesitados, el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la libertad y pluralidad política. En todo ello deben actuar con responsabilidad y realismo, apoyando lo que les parezca mejor o menos malo, sin perderse en discusiones inútiles ni pretensiones imposibles.

De especial interés es el documento titulado Los valores morales y religiosos de la Constitución (26 sept. 1977), en el cual los Obispos exponen los valores morales que la nueva Constitución debería recoger y apoyar. La Constitución tiene que responder a nuestra cultura y a nuestra historia, reconociendo y amparando los derechos básicos de todos los ciudadanos, sin discriminaciones de ninguna clase, con un espíritu de amplitud, dinamismo, consenso y tolerancia. Desde su punto de vista, los Obispos afirman que la Constitución debe reflejar los criterios morales de convivencia que se desprenden de la experiencia y de la antropología cristiana, pues esa ha sido la matriz cultural de nuestro pueblo y nuestra historia. En esta perspectiva querrían ver enteramente recogidos y protegidos los derechos básicos y comunes de la persona, la defensa de la vida humana, la protección del matrimonio y de la familia, la tutela de la moralidad en la vida pública, la atención preferente a los más débiles, el reconocimiento de la diversidad y la solidaridad entre los diversos pueblos de España, el apoyo a los países del Tercer Mundo, y el pleno reconocimiento de la libertad religiosa de todos los españoles. En este apartado afirman que el reconocimiento de la libertad de las demás confesiones o religiones no tiene que ser obstáculo para dar un tratamiento adecuado a la Iglesia católica, teniendo en cuenta su especial implantación en la historia y en la vida presente de la nación española.

En esta misma línea está concebido el breve escrito de la Comisión Permanente de la Conferencia Orientaciones sobre el referéndum constitucional (28 sept. 1978), con el que los Obispos pretenden iluminar a los fieles cristianos al tener que apoyar o rechazar el proyecto de Constitución. Los Obispos no imponen a los cristianos un voto determinado por razones de conciencia, sino que se limitan a recomendarles que ejerzan sus derechos civiles consciente y responsablemente. Insisten en la obligación de votar, reconocen valores positivos en el proyecto constitucional, no encuentran razones para imponer el “Si” o el “No”. Apelan a la responsabilidad de los votantes y alaban el espíritu de concordia con el que el texto constitucional ha sido elaborado.

Los Acuerdos de 1979.

El 2 de enero de 1979 se firman los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español con los cuales se quiere sustituir el Concordato de 1953 y fijar un modelo nuevo de relaciones de colaboración entre las dos instituciones, de acuerdo con el espíritu y la letra tanto de los documentos conciliares como de la Constitución española. Todos ellos fueron aprobados por el Parlamento español. El acuerdo sobre educación no fue apoyado por el PSOE que se abstuvo en la votación. Por parte de la Iglesia, la gestación de estos Acuerdos fue difícil y costosa en dos frentes. Las posiciones y preferencias de la Iglesia española no siempre coincidían con los puntos de vista de la Santa Sede. Por otra parte, entre las fuerzas políticas de España había también posiciones diferentes. Para unos los acuerdos eran correctos y muy oportunos, para otros resultaban excesivamente favorables para la Iglesia católica, especialmente en materia de educación y economía.

Estas tensiones justifican la opinión de que la transición política española no estuvo concluida y consolidada hasta después del primer período de gobierno socialista. Tanto para el gobierno como para la Iglesia esta situación era una experiencia nueva. Nunca la Iglesia española había convivido con un gobierno de mayoría socialista. Nunca el Partido Socialista Español había tenido la oportunidad y la necesidad de actuar en relación con la Iglesia. Ahora le iba a corresponder la labor de configurar el nuevo estatuto jurídico de la Iglesia en España mediante el desarrollo y la aplicación de los Acuerdos de 1979. Pocos días antes de la visita del Papa a España, en noviembre de 1982, se celebró un encuentro entre la presidencia de la Conferencia Episcopal y varios representantes del PSOE. El Partido Socialista acababa de ganar las elecciones generales, Felipe González era ya el próximo Presidente del Gobierno de España. Por parte de la Conferencia asistíamos D. Gabino Díaz Merchán, D. José Delicado Baeza y yo. Por parte del Partido Socialista asistían el propio Felipe González, Alfonso Guerra y otros dos de cuyos nombres no estoy del todo seguro. Al inicio de la reunión, D. Alfonso Guerra, de pronto, nos impuso silencio y marcando bien las palabras, con cierta solemnidad, nos dijo: “¿Se dan cuenta de que es la primera vez que los representantes del Partido y de la Iglesia católica se sientan alrededor de una mesa para conversar pacíficamente?” Era un síntoma de la importancia y la novedad de aquellos momentos.

Como expresión de la sinceridad y solidez de los compromisos asumidos por los Obispos, tiene mucha importancia el documento episcopal titulado La visita del Papa y el servicio a la fe de nuestro pueblo, publicado por la Conferencia el 25 de junio de 1983, después de la visita del Papa, varios meses después del acceso del Partido Socialista al gobierno. Se trata de un documento en el cual la Conferencia Episcopal, ante la victoria electoral del Partido Socialista manifiesta y confirma su voluntad de someterse lealmente a las leyes de la democracia, exhorta a los católicos a respetar la autoridad legítimamente establecida, se distancia de cualquier partido político y se muestra dispuesta a negociar y buscar fórmulas jurídicas de convivencia y colaboración con el gobierno de la nación y las instituciones democráticas.

Al leer ahora el texto se percibe la dificultad y la importancia del momento. Con realismo y lealtad se perciben y enuncian las diferencias existentes entre el programa del gobierno y las preferencias de la Iglesia en puntos tan importantes como el tratamiento político del matrimonio, la libertad de enseñanza o la financiación de la Iglesia y el sostenimiento de su patrimonio. Pero a la vez, y por encima de todas las diferencias, se manifiesta la voluntad de ajustarse a las instituciones democráticas, sin privilegios de ninguna clase, y colaborar sinceramente para el bien de todos los españoles: “La Iglesia católica vive hoy en España en el marco de unas instituciones democráticas legítimamente establecidas y firmemente aceptadas por el pueblo español. Es deber de la Iglesia que, por su parte, nada empañe el respeto debido a estas instituciones” (n. 23). Para ello intentaremos “buscar y consolidar fórmulas de convivencia y colaboración que compaginen los derechos de todos y respondan a la complejidad de la sociedad española” (nn. 10 y .12). .Pocos meses antes el Papa había animado a los católicos españoles a mantener estas mismas actitudes “en un clima de diálogo, dentro del contexto cada vez más pluralista de la sociedad española. Tratando de descubrir y fomentar en el actual momento histórico de vuestra Patria todo aquello que es común a los ciudadanos de los diversos sectores, regiones y tendencias de la nación y no lo que los divide o enfrenta”. Decididamente, la Iglesia española se mantenía en su voluntad de vivir “en un clima de respetuosa convivencia con las diferentes opciones legítimas, esperando el justo respeto de las propias” (Juan Pablo II, Discurso en Barajas, 31 de octubre de 1982).

Estas tomas de posición han dirigido la vida y las actuaciones de la Iglesia de España durante los años decisivos de la transición política. Durante este tiempo la Iglesia española trató de ser fiel al Señor y a la misión de El recibida, ateniéndose por un lado a su condición religiosa como comunidad de fe que vive y anuncia el Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, esta misma fidelidad le impulsaba a servir con lealtad a la sociedad española en un momento en el que los ciudadanos estaban llamados a tomar su destino en propia mano. Durante aquellos años, la mayoría de los miembros significativos en la Iglesia, eran muy conscientes de la importancia del momento. Sentían la necesidad y la urgencia de que la Iglesia de Jesús fuera instrumento de conciliación y de encuentro, no agitadora de viejas rivalidades. La Iglesia no dudó en renunciar a viejos privilegios, inaugurando una nueva forma de situarse y de vivir en la sociedad, haciendo cuanto estuvo en su mano para favorecer actitudes de reconciliación y tolerancia entre los españoles que permitieran la elaboración de un orden civil que fuese justo y aceptable para todos.

IV. CONCLUSIONES.

La aportación decisiva de la Iglesia católica en la Transición reconciliadora.

Como conclusión y resumen de todo lo dicho quiero formular aquí lo que me parece que constituye la principal aportación de la Iglesia a la transición española. La primera y decisiva aportación de la Iglesia en aquellos años decisivos fue la aceptación decidida del tránsito a la democracia como el modo más apto de organizar la vida política del país, superando las consecuencias de la guerra civil latentes en la sociedad española y reconociendo plenamente los derechos políticos de todos los ciudadanos, a costa de renunciar ella a los privilegios jurídicos y sociales de los que había disfrutado en el régimen anterior y en muchos siglos de su historia, para situarse en el marco de las libertades comunes, sin privilegios ni discriminaciones.

Esta decisión le permitió moderar las tendencias extremistas de algunos católicos para los que la democracia aparecía entonces como una forma de vida poco compatible con el catolicismo tradicional. De estos grupos surgieron muchas de las tensiones y dificultades que la Iglesia tuvo que soportar en aquellos años, acusaciones, divergencias, amenazas. Todavía resulta estremecedor el grito de “Tarancón al paredón” que tuvimos que oír durante el entierro del Almirante Carrero Blanco. Seguramente hubiera sido suficiente una complacencia de la Iglesia con los grupos fundamentalistas de aquellos momentos, muy bien situados en zonas de poder y de influencia, para que la transición pacífica hubiera resultado imposible.

El aislamiento de estos grupos extremistas y minoritarios, digamos que de derechas, hizo posible que los grupos más radicales de izquierda, que también existían, quedaran también aislados y se difundiera en el conjunto de la sociedad el deseo sincero de lograr un acuerdo general que permitiera y fundamentara la convivencia pacífica de todos los españoles. Entre las tendencias a la ruptura o el continuismo, por utilizar las expresiones del momento, se impuso la línea moderada y realista de la transformación legal y consensuada.

Por debajo de los planteamientos políticos, se difundió en toda la sociedad española un sentimiento de reconciliación, un deseo profundo de terminar con las exclusiones y de encontrar la forma de vivir juntos, sin agravios para nadie, superando las consecuencias del pasado, no pidiendo cuentas a nadie, eliminando los resentimientos en un gran movimiento de acercamiento y de perdón. Sin este clima espiritual no hubiera sido posible la compleja operación política que se llevó a cabo. La Iglesia, la inmensa mayoría de los españoles, católicos y no católicos, las organizaciones e instituciones del más variado signo, todos estuvimos de acuerdo en cerrar el capítulo de los pasados enfrentamientos dando primacía al perdón sobre cualquier intento de pedir responsabilidades o desatar los instintos de revancha y de venganza. Teníamos la oportunidad de comenzar un capítulo nuevo de nuestra historia en el que todos, sin renunciar a nuestras convicciones y nuestra propia identidad, pudiéramos vivir y convivir en libertad, justicia, respeto y solidaridad. Tendríamos que preguntarnos si, al cabo de 25 años, no estamos poniendo en peligro aquel gran movimiento de integración y solidaridad nacional de cuya fecundidad nació un hermoso período de paz y prosperidad.

Con ello la Iglesia pudo contribuir a la superación de la división y el acercamiento entre españoles y la superación de lo que se había llamado “las dos Españas”. La sincera aceptación de la democracia le permitió a la Iglesia entrar en conversaciones directas con organizaciones y partidos políticos con los que no había tenido nunca una relación directa y que habían mantenido una actitud fuertemente hostil hacia la Iglesia desde los años de la IIª República, durante la Guerra civil y en la mayor parte del tiempo del régimen franquista. De este modo pudimos superar agravios, aclarar malentendidos y fomentar una comunicación que no había existido nunca. Esta labor fue especialmente intensa con el Partido Comunista y con el PSOE, a la vez que con los sindicatos CCOO y UGT. Fueron estos contactos los que permitieron hacer real y eficiente la voluntad de consenso, la recomposición de la unidad de la sociedad, superando las actitudes excluyentes que habían sido la ruina de la sociedad española desde 1930.

No es exagerado decir que la Iglesia española, junto con las instituciones políticas y sociales del momento, vivieron desde 1975 hasta 1985 una voluntad de reconciliación, integración y convivencia que fue un verdadero kairós, para los cristianos una verdadera gracia de Dios, y en todo caso fue y sigue siendo el verdadero fundamento de la implantación de la democracia y de la consiguiente prosperidad del pueblo español en estos últimos 30 años. Se puede decir que la Constitución española se edificó sobre un acuerdo nacional de cinco componentes: acuerdo entre revolución y tradicionalismo, entre socialismo y capitalismo, acuerdo entre centralismo y nacionalismo, entre monárquicos y republicanos, entre catolicismo y laicismo. La Iglesia española, renovada por las enseñanzas y el espíritu del Concilio Vaticano II, con las orientaciones de los Obispos y el trabajo de muchos fieles, presentes en diferentes partidos y organizaciones, que fueron protagonistas de los hechos y acontecimientos políticos del momento, impulsó y facilitó el avance en estas cinco líneas de acercamiento y consenso, muy especialmente en el acuerdo de convivencia entre católicos y laicistas. El recurso al Estado no confesional fue realmente el resultado de un acuerdo entre laicistas y católicos, con la ayuda y la inspiración del Vaticano II. Algunos no querían aceptar una Constitución en la que se había excluido la mención de Dios, a diferencia de lo que ocurre en casi todas las Constituciones existentes. En su gran mayoría, los católicos aceptaron la Constitución, renunciando a algunas de sus legítimas aspiraciones, como una verdadera transacción a favor de la convivencia y de la paz. No es exagerado decir que en aquellos momentos la Iglesia católica, con la asistencia del Espíritu de Dios, de manera oficial, desde la Santa Sede y la Conferencia Episcopal, pero también con la intervención de numerosos sacerdotes, la actuación de muchos cristianos que estaban presentes en las instituciones políticas y en otros muchos puestos de responsabilidad, y la mayoría del pueblo cristiano, supo ser para el conjunto del pueblo español un verdadero fermento de perdón, de reconciliación y de paz. Era su deber.

Por último, otro servicio importante de la Iglesia a la transición democrática consistió en preparar militantes que con unas actitudes positivas de integración y de paz intervinieron en muchas iniciativas sociales y políticas. Las instituciones y organizaciones de la Iglesia colaboraron intensamente a la formación política de muchos ciudadanos. Basta recordar la labor de los Propagandistas católicos, la AC, especialmente de la HOAC, Vanguardias Obreras, Congregaciones Marianas, Universidades católicas como la Pontificia de Salamanca y Comillas, la labor callada y a veces hasta arriesgada de muchos sacerdotes y seglares en la vida parroquial y en miles de asociaciones dispersas por todos los rincones del país. En los primeros momentos de la transición, de las asociaciones de la Iglesia salieron militantes para los partidos de derecha, centro e izquierda, y para los diversos sindicatos. La fuerza espiritual de la Iglesia en aquellos años del posconcilio y de la transición se concretó en actitudes de perdón, reconciliación, revisión de posturas tradicionales y aceptación generosa de los cambios, esperanza y fortaleza para acometer nuevas empresas y asumir prudentemente los riesgos inevitables.

Comprender la Transición y la Constitución españolas. La aportación de la Iglesia en la sociedad democrática actual.

Pasados los años de la transición, los Obispos españoles han seguido manteniendo las mismas opciones y el mismo rumbo. En 1986 publicaron un importante documento, Constructores de la paz, en el que además de manifestar de manera inequívoca su compromiso en contra de la violencia terrorista, se declaraban defensores decididos de la convivencia pacífica y solidaria en el seno de una sociedad democrática. De este documento son estas expresiones: “Que el perdón y la magnanimidad sean el clima de los nuevos tiempos”. “En este esfuerzo de conciliación y convivencia los católicos tenemos una gran responsabilidad. El gran peso sociológico de la Iglesia en España hace que sus actitudes y las de los católicos en relación con los problemas sociales adquieran necesariamente una gran importancia moral y política… siendo fundada en el respeto, el diálogo, la colaboración y la convivencia”.

Más tarde, en 1996, después de la polémica desatada con ocasión del documento “La verdad os hará libres”, los obispos publicaron un texto titulado “Moral y sociedad democrática”, en el que muestran su manera de entender su compromiso con la democracia y las instituciones políticas del país. La Iglesia no puede ni debe entrar en la lucha política y partidista. Su misión es anunciar el evangelio de Jesucristo a todos los hombres y ayudar a sus fieles a vivir santamente según su vocación en el conjunto de su vida real, personal, familiar y social. A partir de este servicio a las personas, la Iglesia tiene el deber y el derecho de iluminar moralmente también las cuestiones sociales y políticas que forman parte de la vida del hombre y respecto de las cuales los propios ciudadanos católicos tienen que pronunciarse y actuar conforme a su recta conciencia. De esta manera está en condiciones de ofrecer permanentemente al conjunto de la sociedad, en un clima de libertad y respeto, unas referencias morales que, en la medida en que sean libremente aceptadas por los ciudadanos, podrán ayudar el desarrollo de la libertad y a la consolidación de la vida democrática. “La Iglesia reconoce y estima el modo democrático de organización de la sociedad según el principio de la división de poderes que configura el Estado de derecho”. “Tenemos que rechazar la acusación de que la Iglesia, cuando propone su doctrina sobre la verdad del hombre y la vida moral, sea un peligro para la democracia y aliada, incluso promotora del fundamentalismo”.

En un primer momento parecía que clericalismo y anticlericalismo iban a desaparecer de la vida española. Y así comenzó a ser durante algunos años. Luego, inexplicablemente, hemos visto surgir de nuevo los conflictos, han aumentado las distancias, de tal manera que algunos tienen la sensación nada tranquilizadora de que la situación actual se va pareciendo demasiado a la de los años 30.

Actualmente se perciben dos claras diferencias respecto de la situación de aquellos años de la transición. En primer lugar, la Iglesia española tiene que ir tomando conciencia de ser una minoría en el conjunto de la sociedad española. Los rasgos culturales persistentes pueden ocultar la situación. Pero si nos atenemos a lo fundamental, es evidente que la comunidad católica es una minoría en la sociedad española. Una minoría importante, pero minoría. Este reconocimiento traerá con el tiempo más de un cambio tanto en la vida interior de la Iglesia como en sus relaciones con el conjunto de la sociedad.

Otra diferencia importante es que en estos últimos años, desde el Gobierno y desde los partidos de izquierda, se impulsa una lectura de la Constitución en clave laicista. El art. 16 de la Constitución describe un tratamiento de la religión y de la Iglesia que no es el de un Estado laico. El Estado se declara como no identificado con ninguna religión en concreto, pero a la vez la religión en general, y singularmente la religión católica, quedan reconocidas como elementos positivos del bien común, resultado del ejercicio de la libertad religiosa por parte de los ciudadanos, que el Estado tiene que proteger y favorecer junto con los demás derechos políticos de los ciudadanos.

En estos momentos tenemos la sensación de ser una Iglesia débil, empobrecida, marginada y hasta maltratada. Algunos vuelven a considerar a la Iglesia como un verdadero “peligro para la democracia”. Esta acusación nos parece del todo falsa y profundamente injusta. Los católicos españoles saben que sin la colaboración de la Iglesia, hubiera sido muy difícil alcanzar la vida en libertad que ahora disfrutan todos los españoles. Nunca los obispos españoles se han desdicho de las decisiones tomadas en aquellos momentos decisivos. En las diferentes fases del proceso político han estado presentes los católicos a veces con actuaciones y responsabilidades muy significadas. Hoy volveríamos a hacer lo mismo. Vivir en libertad puede resultar más difícil y más exigente. Pero tiene la ventaja decisiva de poder vivir en paz con todos, de no hacer agravio a nadie, de no ocultar la verdad y apoyar la acción evangelizadora sobre el valor del Evangelio y la ayuda del Señor, sin buscar una falsa fortaleza en privilegios ni apoyos humanos.

Los católicos españoles de 2006 seguimos queriendo vivir como una Iglesia libre en el marco de las libertades democráticas de un Estado de Derecho, queremos contribuir lealmente al bien común de nuestra Patria, sólo pedimos ser aceptados dentro del orden democrático con los mismos derechos que los demás, sin que las críticas o los disentimientos sean utilizados por nadie para acusarnos de nostálgicos del franquismo, enemigos de la libertad y del pluralismo, extraños y nocivos dentro del sistema democrático.

Nos oponemos a un Estado laico y preferimos hablar de un Estado aconfesional, tal como viene descrito en nuestra Constitución, porque nos parece que la opción laicista del Estado no es justa ni respeta la verdad de nuestra sociedad, resulta parcial, impositiva y poco apta para respetar y favorecer la variedad que de hecho existe en la sociedad española en cuanto se refiere a las preferencias religiosas de los ciudadanos. Si por Estado laico se entiende el desconocimiento público de la vida religiosa de los ciudadanos, nos parece que esta opción, además de no ser la que está descrita en la Constitución, resulta impositiva. En ella se desconoce la dimensión religiosa del hombre como parte del bien común que el Estado debe proteger y favorecer, se ignora la fe cristiana o la religiosidad de los ciudadanos (muchos o pocos), se rompe la tradición espiritual y cultural del pueblo y se impone una determinada ideología que en vez de proteger la libertad religiosa de los ciudadanos, la restringe y dificulta. Nos parece más justo un Estado aconfesional, tal como está descrito en nuestra Constitución, que no es beligerante en materia religiosa, pero considera la libertad religiosa de los ciudadanos como parte del bien común que el Estado debe proteger y favorecer, ayudando realmente a los ciudadanos a vivir en igualdad y libertad sus preferencias, decisiones, y manifestaciones, en la vida religiosa como en otros muchos órdenes de la vida social, artística y cultural.

En un Estado verdaderamente laico, la religión, y en nuestro caso, la Iglesia católica pasan a un régimen de mera tolerancia, como un mal crónico del que hay que ir liberándose poco a poco. La religión viene a ser como el analfabetismo, algo heredado, claramente negativo, cuya presencia hay que ir eliminando del mejor modo posible. La fe de las Catedrales, la fe del Greco, la fe de los Autos sacramentales, la fe de Sta. Teresa y de San Juan de la Cruz, de San Ignacio, de S. Francisco Javier, parece que merece otro tratamiento en la vida pública española. ¿No hay razones para pedir al menos un lugar y un aprecio semejante al del teatro, la música o el deporte?

Cuando desde el Gobierno nos proponen la convivencia democrática de la IIª República como un modelo deseable y hasta fuente lejana de la legitimidad democrática de la situación actual, semejante discurso nos parece poco objetivo y hasta peligroso. Poco objetivo porque, aunque la IIª República se inaugurase con grandes expectativas por parte de algunos intelectuales poco versados en lides políticas, la verdad es que los sucesivos gobiernos no supieron o no pudieron o no quisieron resistir las presiones de las instituciones más radicales que querían implantar la sociedad sin clases por métodos revolucionarios, sin excluir la guerra civil. En los años de la República los españoles no fueron capaces de convivir pacíficamente. Y fueron los partidos revolucionarios los que rompieron la legalidad y la convivencia. Y peligroso, porque un gobierno que intenta transformar la sociedad según sus propios cánones, violentando el sentir de una buena parte de los ciudadanos y excluyendo a una parte importante de la población, provoca sin remedio la división de la sociedad y crea agravios y desafectos que rompen la coherencia de la sociedad y alteran profundamente la convivencia.

Por nuestra parte, los católicos españoles pensamos que viviendo sinceramente el mensaje de Jesucristo, anunciando su evangelio con libertad y fidelidad, dentro del respeto a las instituciones democráticas, al amparo de un reconocimiento efectivo de la libertad religiosa como derecho básico de todos los ciudadanos, contribuimos lealmente al bien de la sociedad entera.

Por lo pronto la Iglesia reclama el derecho de poder ofrecer a todos los ciudadanos, en pleno respeto a la verdad y a la libertad, la salvación de Dios y está segura de que haciéndolo así, indirectamente y por medio de sus miembros, colabora también de manera singular al bien temporal de la sociedad. Así intentó hacerlo en los años de la transición política y así lo seguirá haciendo en adelante, con la ayuda de Dios, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de dificultades.

El magisterio de los Papas y de nuestros Obispos ha insistido en la idea que la presencia y la actuación de la Iglesia es necesaria para que funcione bien una sociedad democrática. La Iglesia reconoce que la organización de la convivencia en justicia es asunto de las instituciones políticas y no es competencia directa de la Iglesia. Pero para conocer y ejercer la justicia necesitamos que la gracia de Dios nos ilumine y fortalezca nuestra voluntad en el camino del bien. Por eso, la vida religiosa y cristiana, tiene también influencia importante en la marcha de los asuntos sociales y públicos. No reconocerlo así, o no aceptarlo, es entrar en un camino peligroso.

La vida democrática necesita disponer de un patrimonio moral, aceptado pacíficamente por el conjunto de sociedad, que oriente el ejercicio de la libertad dentro de un marco antropológico común. Estas referencias morales no nacen de las instituciones políticas sino que son patrimonio de la sociedad, fruto de una historia en la cual, incesantemente, los hombres de pensamiento, las instituciones culturales y religiosas y la misma experiencia histórica de la población, han ido acumulando un patrimonio espiritual y moral que ilumina, sostiene y estimula la libertad de los ciudadanos en una búsqueda convergente de prosperidad y de paz. Sin ninguna pretensión de exclusividad ni de monopolio, la Iglesia española quiere contribuir al enriquecimiento de la sociedad y al bien moral de los españoles, pudiendo intervenir libremente con sus enseñanzas y pronunciamientos en el dinamismo cultural y espiritual de nuestra sociedad. Anunciar el Evangelio de Jesucristo y ofrecer a la sociedad entera todos los bienes culturales y morales que de él se derivan son los dos grandes servicios que la Iglesia española quiere seguir ofreciendo a sus conciudadanos en la nueva situación, con la máxima lealtad y fidelidad. No es un sueño pensar que los católicos españoles pueden llegar a ser los más leales y decididos defensores de la democracia.