Hace pocos días publiqué una carta desde la fe que titulaba “a Dios lo que es de Dios”. En ella trataba de animaros a poner la “X” en la casilla de la Iglesia al hacer vuestra declaración del impuesto sobre la renta.

Ayer o anteayer pude ver un programa de TV que tenía la forma de un debate unos a favor y otros en contra de que el Estado asigne una ayuda económica para las actividades de la Iglesia. A lo largo del programa se fueron diciendo muchas cosas. Algunas de ellas merecen algún comentario.

Quienes están en contra de esta manera de financiar los gastos de la Iglesia dicen que la situación actual es una situación de privilegio, una supervivencia del confesionalismo franquista, un uso antidemocrático. Una señora que se presentaba como católica decía que este uso es incompatible con los usos de un Estado laico, como es España. Llegó a decir que la democracia es esencialmente laica.

Por lo pronto, en la Constitución española todavía vigente no se habla nunca de un Estado laico. Se dice que el Estado español es un Estado NO CONFESIONAL. Es decir que no privilegia ninguna confesión religiosa. Pero no es un Estado laico, 1º, porque se compromete a mantener relaciones de colaboración con las diversas religiones y confesiones en especial con la católica, en atención a la singular presencia de la Iglesia católica en la historia de España, y a la implantación mayoritaria del catolicismo en nuestra sociedad. 2º, porque reconoce la libertad religiosa como un bien colectivo que forma parte del bien común cuyo ejercicio y tutela tiene que favorecer el Estado; 3º, porque se reconoce que la religión cumple una misión positiva en el bien de la sociedad y la felicidad de los ciudadanos.

A veces se quiere justificar esta ayuda económica del Estado a la Iglesia, por las labores de asistencia y los servicios sociales que los miembros de la Iglesia desempeñan, asilos, hospitales, guarderías, colegios, atención a las personas más necesitadas, etc. Esto es verdad. Ninguna otra organización puede presentar ni en cantidad ni en calidad una labor social como la que realiza la Iglesia católica en nuestro país.

Pero los católicos tenemos que reivindicar la justificación de esta ayuda también por los servicios más estrictamente espirituales que la Iglesia desempeña: la instrucción religiosa de niños y jóvenes, la formación moral de los fieles, el desarrollo de las celebraciones religiosas. Todo eso es un servicio positivo al bienestar espiritual de las personas, a la estabilidad de la sociedad que merece ser apoyada por las autoridades con dinero público. No importa que la participación en estas actividades sea libre y aproveche solamente a algunos. Primero que los miembros de la Iglesia son bastante más numerosos que los que se aprovechan de otras actividades también apoyadas únicamente con dinero público, como las instalaciones deportivas, exposiciones, museos y bibliotecas, los sindicatos o los partidos políticos. Las actividades de la Iglesia están abiertas a todos los que quieren aprovecharse de ellas, y por supuesto, aunque a muchos no les interesen, los que se benefician de ellas son bastantes más que los que asisten a la mayoría de las demás instalaciones o actividades.

El sistema de la asignación tributaria es un sistema puramente democrático, puesto que son los ciudadanos quienes deciden libremente dedicar a las actividades de la Iglesia una parte de sus impuestos, decidiendo ellos mismos en qué medida el Estado debe ayudar a las actividades de la Iglesia. Los Obispos hemos pedido muchas veces a los diferentes gobiernos que aumenten un poco el % que los contribuyentes pueden dedicar a los gastaos de la Iglesia, pasando p. e. del 0,05 al 0,08 para poder suprimir el capítulo de la asignación presupuestaria. Si todavía no ha sido posible es porque los gobiernos nunca han querido dar ese paso.

Para que nadie se llame a engaño, conviene añadir que lo que la Iglesia reciba del Estado, significa en estos momentos, un 30 % de los gastos reales de la Iglesia. En Navarra el 80 % de los gastos de la Iglesia lo sufragan directamente los católicos con sus limosnas y donativos. Lo que recibimos de la asignación del Estado es escasamente el 20 %. Un 20 % que, a la hora de la verdad, proviene también de la voluntad libre y democrática de los contribuyentes.

 

+ Mons. Fernando Sebastián Aguilar

Arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela

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