Más gimnasia, menos religión

Parece que el Sr. Rodríguez Zapatero se ha manifestado partidario de aumentar el tiempo dedicado a la gimnasia en los centros docentes y disminuir el que se dedica a la enseñanza de la religión. No tengo nada contra la gimnasia. Lo que no entiendo es por qué hay que favorecerla a costa de la religión, qué contraposición hay entre una y otra. Dejando aparte los detalles, vale la pena reflexionar un poco sobre lo que esto significa.

Parece que el Partido Socialista en vez de avanzar hacia una mentalidad más democrática, está volviendo a las antiguas posiciones del anticlericalismo y de la intolerancia. Es verdad que los socialistas no aprobaron el reconocimiento de la libertad de enseñanza para la Iglesia contenido en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Pero sí aceptaron esta misma libertad tal como está descrita y reconocida en el artículo 27 de la Constitución. No sin dificultades, las cosas marcharon medianamente bien durante los largos años de los gobiernos socialistas. ¿Por qué ahora vuelven a amenazar con el recorte de las clases de religión en los centros públicos? ¿Querrán también suprimir la enseñanza concertada y echar de la escuela pública las clases de religión como desearían hacer otros partidos de izquierda?

Detrás de estas posiciones siguen vigentes dos ideas que merecen un buen debate público, con serenidad y claridad. La primera es que el Estado, para ser neutral, debe excluir la religión de las instituciones y de las actuaciones públicas. La segunda, más escondida, es una visión negativa de la religión como algo irracional y pernicioso.

Vayamos con la primera. Un Estado que no quiere reconocer las opciones religiosas de los ciudadanos ¿puede considerarse del todo democrático? Un Estado aconfesional no es un Estado que está contra la religión, sino un Estado no beligerante en cuestiones religiosas, que no hace suya ninguna confesión religiosa, pero que reconoce y favorece la libertad de los ciudadanos para profesar, practicar y exponer públicamente sus convicciones y preferencias religiosas. Así es como está descrito en el artículo 16 de nuestra Constitución. Si ahora esta aconfesionalidad se quiere convertir en la reclusión de la religión al ámbito de lo privado, bajo un régimen de simple tolerancia o ignorancia, con la imposición del laicismo en todas las actividades públicas, nos estaríamos alejando de los consensos constitucionales y regresando a posturas autoritarias y discriminatorias. Un Estado aconfesional no impone ninguna opción religiosa, sino que se limita a valorar positivamente la religión como un factor socialmente positivo y favorecer las opciones religiosas de los ciudadanos, en proporción a su implantación y a su significación histórica. Si en una ciudad aparece un grupo suficiente de musulmanes que pide enseñanza coránica para sus hijos, los católicos apoyamos esa petición. Pero si el 80 % de las familias españolas piden enseñanza del catolicismo para sus hijos, negársela es un reflejo autoritario y discriminatorio.

Y vamos a la segunda. Para los cristianos y las personas enteradas en estas cuestiones, la fe religiosa es un ejercicio insigne de libertad. El respeto a las diversas posiciones posibles no obliga a reconocer que todas tengan el mismo valor objetivo. El respeto a la libertad religiosa necesita el complemento de la obligación moral de buscar la verdad. La humanidad avanza a medida que descubre la verdad del mundo, la verdad integral de nuestra vida, también en la dimensión religiosa de nuestra existencia. La afirmación de la existencia y de la providencia de Dios tiene un serio fundamento racional que todos pueden percibir y aceptar. La verdad histórica de Jesucristo sigue siendo una interpelación para cualquier persona enterada y honesta. El valor humanizador del ideal cristiano de vida, vivido con coherencia, es un argumento al alcance de todos difícilmente rechazable. Es explicable que en la larga historia del cristianismo haya habido errores y pecados. Pero lo que aquí se ventila no es la coherencia de los cristianos, sino la legitimidad intelectual y el valor humanizador del cristianismo en sí mismo, de la doctrina y de la misma persona de Jesús.

No sabe uno por qué, en estas últimas semanas la intolerancia y la agresividad contra la Iglesia y la doctrina católica ha alcanzado niveles sorprendentes. Algunos lo explican como una estratagema de las propagandas electorales. Prefiero no aceptar esta explicación. Prefiero unos dirigentes políticos que hablen con verdad en la difusión de sus programas y en la captación de los votos. Prefiero unos dirigentes políticos que respeten sinceramente la madurez de los ciudadanos y sus convicciones religiosas. Si hay un 80 % de ciudadanos que se manifiestan como católicos, ¿por qué nos ofrecen un proyecto de vida anticatólico y laicista? Si la mayoría de las familias españolas quieren que sus hijos reciban enseñanza de la religión católica en los centros públicos, ¿por qué no respetan, si es que no quieren apoyarlo, este deseo de los ciudadanos? No hay duda de que los políticos han hecho sus cálculos. Ellos creen que sus posiciones laicistas les van a dar votos. A lo mejor los católicos tenemos alguna culpa en esta situación.

En los tiempos de la transición política, la Iglesia católica apostó fuertemente a favor de la democracia. Honestamente hay que reconocer que sin esta decisión de la Iglesia española, en estrecha comunión con la doctrina conciliar y la Iglesia de Roma, las cosas hubieran sido bastante más difíciles. Pues bien, desde entonces la Iglesia no ha negado nunca su decisión a favor del ordenamiento democrático de la vida política. Los católicos, obispos, sacerdotes, religiosos y fieles seglares, queremos vivir como Iglesia libre en una sociedad libre, en un Estado sinceramente democrático. Los católicos no debemos entrar en el juego de los conflictos y las incompatibilidades. Nos limitamos a reclamar serenamente nuestros derechos civiles como cualquier otro ciudadano. Si somos capaces de mantener la actitud de consenso que hizo posible la transición, otras muchas cosas serán posibles y podremos esperar un futuro próspero y pacífico. En cambio, si algún grupo influyente y poderoso se empeña en activar las antiguas posturas de rechazo e intolerancia, sobre todo si estas posturas llegaran a condicionar o configurar las actitudes y decisiones de los gobernantes, podríamos poner en peligro cosas importantes. Vale la pena que todos lo pensemos seriamente.

+ Fernando Sebastián Aguilar

Arzpo. Pamplona, Obpo. Tudela